Polémica

El bar de Sant Carles alega que Cort autorizó las obras al Puerto antes de la concesión

Los promotores presentan más alegaciones y se reúnen con Noguera

24.08.2015 | 08:11
El bar ubicado en la antigua batería de Sant Carles.

El concesionario del beach club ubicado en la antigua batería de Sant Carles argumenta que Cort autorizó a la Autoritat Portuària las obras de adecuación del fortín antes de que el organismo estatal lo otorgase en concesión. Hoy presentarán al Ayuntamiento un nuevo escrito de alegaciones y mañana tienen previsto reunirse con el concejal de Urbanismo, Antoni Noguera, para buscar una solución al cierre ejecutado por el consistorio hace una semana por carecer de las licencias de obras y de actividad.

Sin embargo, los promotores del bar-restaurante Lolita Beach Club argumentan que no las tienen porque "las obras de adecuación de la batería para la instalación de la actividad del concesionario fueron realizadas por parte de la A.P. de forma previa al otorgamiento de la concesión. Por este motivo, entre otros, le resulta más difícil exhibir la licencia de obras que al Ayuntamiento comprobar con la propia A.P. este extremo", tal como señalan en las alegaciones. Añaden que al ser obras llevadas a cabo por una administración pública, "su autorización se hace vía informe y publicación".

Respecto a la transformación interior realizada posteriormente, esgrimen que "no se considera una obra, sino una instalación desmontable, como obligan los pliegos del concurso" convocado por el organismo portuario. La asociación proteccionista ARCA denunció a Cort el incremento de volúmenes y la alteración del elemento patrimonial declarado Bien de Interés Cultural, aunque los promotores alegan que "nadie ha ido a ver si es cierto" y solicitan en el escrito que presentan hoy "que se realice una visita técnica de comprobación", no por parte de un celador, sino de un "arquitecto o ingeniero", añaden.

Destacan que "se supervisó, semanalmente, la ejecución de las instalaciones desmontables por una empresa de calidad contratada al efecto", "los técnicos de Patrimonio Histórico y Arqueológico del Consell de Mallorca" y los de la Autoritat Portuària. Al final, la citada ejecución fue informada "favorablemente –en mayo– por parte de la Comisión Insular de Patrimonio" del Consell.

En las alegaciones denuncian que se ha producido un "desvío de poder y un absoluto desprecio al procedimiento", debido a que los promotores del beach club creen que Cort se ha excedido en sus competencias. Fuentes jurídicas de la concesionaria explican que "el Plan Especial del Puerto, de 1997, es el instrumento urbanístico que regula el dominio público en este ámbito, prevalece sobre el PGOU y establece dentro de sus competencias las concesiones de terrazas no edificables". Rebate de este modo el argumento del Ayuntamiento respecto a que se necesitan licencias municipales cuando la actividad que realizan no tenga una relación con los usos portuarios.

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