El policía local encarcelado por chantajear a empresarios con locales en la Platja de Palma también se dedicaba a intimidar, supuestamente, a los clientes de los clubes cuyos propietarios no aceptaban colaborar. El agente jubilado, Miguel E.S., ingresó el viernes en prisión sin fianza por los presuntos delitos de negocios vetados a los funcionarios y de extorsiones.

Parece ser que el encausado acudía de forma asidua a aquellos establecimientos de ocio cuyos dueños no querían contratar los servicios de una tapicería de su esposa. Exigía la documentación a los clientes de esos negocios, amedrentándoles y sacando del local a muchos de ellos alegando que eran menores. De este modo, provocaba que no volviesen más a los bares y clubes nocturnos, con las consiguientes pérdidas de beneficios y mala imagen para esos establecimientos.

Quien lleva la investigación es el grupo de blanqueo de dinero de la Policía Nacional y durante este tiempo ha ido recogiendo testimonios que relatan todo lo sucedido, aunque el caso sigue bajo secreto de sumario. Está a cargo del juez Manuel Penalva, del juzgado de instrucción 12, y del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, quien solicitó el ingreso en prisión el viernes.

Se trata del primer policía que es encarcelado por unos hechos directamente relacionados con la trama de corrupción en la Platja de Palma, ya que los otros dos agentes locales imputados que han entrado durante las últimas semanas al centro penitenciario se encuentran entre rejas por haber quebrantado las medidas cautelares impuestas, como la prohibición de acudir a la Platja de Palma o al cuartel policial de Sant Ferran.

Antes de jubilarse, Miguel E.S. era agente de la Patrulla Verde, la unidad policial encargada de controlar las licencias, horarios y ruidos de los locales; y durante años realizó, presuntamente, continuos chantajes a dueños de negocios de la zona turística. En enero de este año fue detenido por los mismos delitos, aunque eludió entrar en prisión con una fianza de 20.000 euros. Sobre el encarcelado recae la sospecha de que extorsionaba para lograr dinero camuflado en contratos y, a cambio, ofrecía trato de favor a los empresarios que aceptaban.