Cort deniega "el permiso de instalación y obras a la actividad permanente" del bar situado en el antiguo fortín de Sant Carles. Además, hoy puede producirse el cierre del establecimiento del Dique del Oeste, debido a que las alegaciones presentadas por el concesionario contra la orden de clausura no afectan al proceso, según informaron ayer técnicos y juristas del área de Urbanismo. Por lo tanto, como el plazo de 48 horas que marcaba el decreto de cierre de la actividad desde que la Policía Local lo notificó ya ha sido superado, "se llevará a cabo la clausura del local si este sigue abierto", tal como advirtió ayer por la tarde el Ayuntamiento. El beach club denominado Lolita continuaba en funcionamiento a esas horas y sin haber recibido todavía la orden.
Por la mañana, la comisión de Centro Histórico y Catálogo y la gerencia de Urbanismo del nuevo equipo de gobierno se reunieron de urgencia con un punto en común en el orden del día: el bar-restaurante y centro de información turística y cultural del Dique del Oeste. Aprobaron por unanimidad denegar dicho permiso de instalación y obras, que los promotores del negocio no habían solicitado cuando era pertinente, sino que lo tramitaron en las últimas semanas. Alegan que cuentan con el visto bueno de la Autoritat Portuària, aunque ayer el teniente de alcalde de Urbanismo y Modelo de Ciudad de Cort, Antoni Noguera, reiteró que no se trata de "una actividad estrictamente ligada al puerto", por lo que necesita las licencias municipales.
Obras ilegales
Además, la comisión de Centro Histórico y Catálogo denunció que, con dichas obras ilegales, "se han anulado algunos de los elementos de valor patrimonial" de la antigua batería avanzada, declarada BIC (Bien de Interés Cultural), y "se han llevado a cabo incrementos no permitidos de volúmenes de la parte edificada, así como construcciones de nuevos volúmenes". Según detalló recientemente el gerente de Urbanismo, Joan Riera, un ejemplo de lo que han hecho ha sido instalar una tarima elevada para salvar los cuatro metros de profundidad del foso y conseguir así que la terraza se eleve al nivel de la muralla.
Otra irregularidad es que el proyecto presentado lo firma un ingeniero, a pesar de que la Ley de Ordenación de la Edificación obliga a que esté firmado por un arquitecto cuando afecte a un elemento patrimonial. Tal como destacó Noguera tras la reunión, "los argumentos son claros y contundentes".
