El juzgado ha embargado una cuenta del concejal de Derechos Cívicos Aligi Molina (SOM) en aplicación de una sentencia firme por la que fue condenado al pago de una multa de 720 euros por un delito de desobediencia y una falta de lesiones como consecuencia del asalto, junto con un grupo de activistas y antes de ser concejal, de la conselleria de Educación.
Pese a lo anterior, los concejales del equipo de gobierno presentes en la comisión informativa de Hacienda, no consideraron oportuno apoyar la proposición del PP por la que el pleno insta a todos los concejales "a ejercer su cargo con ejemplaridad y responsabilidad, cumpliendo con la legalidad vigente y las resoluciones judiciales, independientemente de su parecer subjetivo personal, con el fin de mantener la credibilidad y la legitimidad debida a los ciudadanos y a su cargo".
La teniente de alcalde Aurora Jhardi, reiteró el apoyo a Molina y manifestó que la "ejemplaridad de los concejales debe orientarse a la defensa de los intereses de la gente". En este sentido consideró la desobediencia civil como "un mecanismo de lucha utilizado históricamente con el que se han conseguido grandes avances sociales".
Por su parte, la concejala Angélica Pastor (PSOE) recordó que por parte de Molina "no ha habido obstrucción a la justicia" y que Molina actuó a título particular.
