Explotación laboral, amenazas de muerte, coacciones y otros episodios violentos son algunos de los incidentes que han relatado las mujeres que trabajaban de prostitutas en el local Table Dance, en la Playa de Palma, donde supuestamente se organizaban orgías sexuales con presencia de destacados políticos.
La Policía inició a finales del pasado año una investigación sobre las actividades de este local de prostitución, después de recibir una serie de denuncias que señalaban que el empresario se dedicaba a la explotación de mujeres. Investigación que se basaba en el testimonio de varias de las chicas que ejercían la prostitución en este burdel de la Playa de Palma. Uno de los hechos más graves que denuncia una de las chicas es que el empresario Miguel P. la obligó a mantener relaciones sexuales con clientes, pese a que se encontraba embarazada de cuatro meses. Además, se trataba de una gestación de alto riesgo, con la recomendación médica de que evitara mantener relaciones sexuales.
Las mujeres, todas extranjeras, relatan que el ambiente laboral en el club de la Playa de Palma era un auténtico infierno. Aunque el negocio es del citado empresario, en realidad su nombre no aparece como propietario del club. Sólo es el dueño del local. Siempre utiliza a uno de sus empleados como hombre de paja y al mismo tiempo emplea a un sobrino para que realice tareas de vigilancia.
Las prostitutas detallaron a la Policía que era Miguel P. el que decidía qué chica trabajaba en el local. Cuando una mujer se ofrecía para ejercer esta profesión en el local, antes debía recibir la aprobación del empresario. Pero además, exigía "probar la mercancía", es decir, obligaba a la empleada a mantener relaciones sexuales con él, lógicamente sin pagar el servicio.
También detallan que el empresario acudía cada noche a vigilar el negocio y en el local disponía de un lugar para su exclusivo uso, donde mantenía relaciones sexuales casi a diario con las empleadas. No había mujer trabajando en el local que en alguna ocasión no hubiera pasado por la zona reservada del empresario.
Dadas de alta
Como consecuencia de una inspección y su correspondiente sanción económica, el empresario dio la orden de dar de alta laboral a todas las empleadas. La mayoría de ellas figuraban como bailarinas o camareras, con un contrato de cuatro horas diarias, cuando en realidad trabajaban entre nueve y diez horas diarias. Pero además, según destacan los informes policiales, eran las trabajadoras las que abonaban de su propio bolsillo los gastos sociales de esta contratación, además de pagar las retenciones anuales de IRPF.
Tampoco tenían ningún día libre semanal y el empresario no les permitía disfrutar de vacaciones. Cuando una de ellas se veía obligada a salir de viaje para ir a su país, el empresario la obligaba a firmar la baja laboral, sin explicarle el motivo de la firma. Cuando regresaban, muchas veces les indicaba que estaba despedida.
La Policía ha constatado que Miguel P. contrató a una menor rumana de 17 años y que conocía perfectamente que se trataba de una menor de edad. Aún así permitió que ejerciera la prostitución en su local.
El Table Dance no es el único local que dirige este empresario. Sin embargo, se ha constatado que pasa cada día por el negocio para comprobar la actividad. Le han visto enfrentarse, e incluso agredir al encargado porque un día se atrevió a cerrar la puerta una hora antes, debido a que no había ningún cliente. "Las chicas vienen aquí a trabajar", le gritó.
Ante el posible caso de explotación de prostitutas, tanto la Policía como la fiscalía solicitaron al juez que ordenara la clausura del prostíbulo. No se trata del mismo juez que investiga la corrupción de la Policía Local, en la que también aparecen las mismas prostitutas, sino de otro magistrado que investiga este caso de explotación de mujeres. Sin embargo, se rechazó esta propuesta al entender que no se daban las circunstancias para aceptar la clausura del negocio, que en estos momentos continúa abierto. Esta decisión ha sido recurrida.
