Las tres prostitutas extranjeras que han desvelado que un empresario de la Playa de Palma organizaba orgías con la presencia de destacados políticos, explicaron ayer a la juez algunos detalles de estas juergas sexuales. La juez Carmen González había citado ayer tarde a los abogados para que estuvieran presentes en la práctica de una prueba adelantada. Debido a que el caso, salvo una pequeña parte, sigue bajo secreto de sumario, en la citación no se especifica el motivo de esta cita. Sin embargo, se trataba de realizar una prueba preconstituida, que consistía en interrogar de nuevo a las tres mujeres, a las que han otorgado la categoría de testigos protegidas. Las tres prostitutas extranjeras fueron trasladadas por la tarde, bajo una estricta protección policial, a los juzgados de Palma. Debían ampliar o aclarar aspectos de la declaración que ya habían realizado el pasado mes de diciembre, cuyo contenido se conoció la pasada semana.

Sin embargo, los abogados defensores citados se negaron a participar en esta prueba. Todos los letrados coincidieron en que no podían interrogar a las testigos, porque desconocían el contenido del sumario que se está instruyendo y, por tanto, entendían que sus clientes estaban sufriendo indefensión.

De hecho, los abogados anunciaron que solicitarán la anulación de este interrogatorio al entender que es ilegal, por cuanto no se les anunció el contenido de la prueba. Denunciaron que no habían podido preparar el interrogatorio, y sobre todo que desconocían en qué contexto se habían realizado estas manifestaciones.

Esta oposición en bloque de las defensas no convenció a la magistrada, que consideró que la prueba que había ordenado era legal en todos sus extremos, ya que se trata de testigos que, por su condición de extranjeras, cuando se celebre el juicio de la trama corrupta de la Policía Local de Palma es muy probable que hayan abandonado la isla.

Si ello es así no podrían explicar al tribunal su participación en estas orgías. Al no asistir las defensas, únicamente participó en el interrogatorio, además de la magistrada, el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.

Las mujeres, en realidad, no acusan a ningún político, ni tampoco conocían su identidad, ni el cargo concreto que ocupaban. Únicamente señalan que varios cargos públicos, que sí están identificados por los investigadores, participaban en las fiestas sexuales.

Ayer confirmaron de nuevo que el organizador de estas bacanales era el empresario Miguel P., que no solo sufragaba las bebidas caras que ofrecía a sus comensales, sino que también se encargaba de financiar los servicios sexuales que mantenían las prostitutas con los invitados.

Estas mujeres han denunciado que se sienten amenazadas por el empresario de la Playa de Palma, ya que destacan que se trata de una persona agresiva que no tiene ningún reparo en utilizar la violencia contra ellas, como ha hecho en más de una ocasión.