La operación Sancus, que destapó una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados agentes de la Policía Local y empresarios de la noche de s´Arenal y el Paseo Marítimo, se ha cobrado sus últimas vícimas por ahora. Un oficial y un agente de la Policía Local de Palma han tenido que declarar como imputados por un presunto delito de coacciones a los fiscales del caso, después de que apostaran una furgoneta policial en el patio del edificio de los juzgados la noche en que sus compañeros detenidos pasaron a disposición judicial y mantuvieran ante los representantes del ministerio público lo que ellos interpretaron como una actitud intimidatoria.
Los hechos que han conducido a estas últimas imputaciones ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de enero Dos días antes, la Guardia Civil y la Policía Nacional habían reventado la última fase de la operación Sancus, que investigaba prácticas corruptas de un grupo de policías locales, que presuntamente mantenían un trato de favor hacia determinados empresarios de locales nocturnos de s´Arenal y el Paseo Marítimo a cambio de sobornos.
La mayor parte de los ocho agentes detenidos fueron conducidos a disposición judicial el 14 de enero por la noche. Era el inicio de una maratoniana sesión que no terminaría hasta las ocho de la mañana del día siguiente.
Durante esa madrugada, un furgón de la Unitat d´Intervenció Immediata (UII) de la Policía Local accedió al aparcamiento del edificio judicial donde estaban declarando los agentes detenidos y se mantuvo allí apostado.
Sobre las cinco de la mañana, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán salían del recinto tras finalizar sus intervenciones con los agentes detenidos. Fue entonces cuando se cruzaron en la rampa de los juzgados con el furgón de la UII, y se produjo una situación que los fiscales interpretaron como un intento de intimidación por parte de los policías.
El incidente dio pie a unas diligencias informativas llevadas a cabo por el fiscal Adrián Salazar, que han conducido a la imputación del oficial y el agente que estaban en el furgón policial aquella noche.
Uno de los aspectos en los que se ha incidido durante la declaración de los dos policías era tratar de determinar qué estaban haciendo en el aparcamiento de los juzgados aquella noche. El fiscal ha considerado relevante que la presencia del furgón aquella noche no tenía ninguna justificación. No había ningún servicio relacionado con la Policía Local. De ello infiere que su única intención sería la de tratar de presionar a los acusadores en beneficio de sus compañeros, que estaban declarando ante el juez.
Se da la circunstancia de que el agente que estaba en el furgón había solicitado ser destinado a la División de Asuntos Internos (DASI) de la Policía Local, petición que fue aceptada una semana después del incidente con los fiscales. Apenas unos días después, le llegó la imputación por las presuntas coacciones.
La DASI es un grupo especial destinado precisamente a combatir conductas irregulares en el seno de la Policía. A raíz de los últimos escándalos que han implicado a agentes del cuerpo, y sobre todo los derivados de la operación Sancus, se decidió reforzar esta unidad, que hasta entonces contaba solo con un oficial y un funcionario. Para ello se acordó ampliarla con la integración de otro oficial y dos policías. Uno de ellos sería el implicado en la denuncia por coacciones.
La operación Sancus finalizó con ocho agentes y oficiales de la Policía Local detenidos, al igual que un conocido empresario de locales nocturnos de s´Arenal. Según los investigadores de la Guardia Civil y la Policía, que han estado un año con este caso, los agentes beneficiaban a determinados locales a cambio de dinero o bien por consumiciones o servicios sexuales gratis. La investigación sigue abierta.
