Parece que el mandato de Mateo Isern en el Ayuntamiento de Palma va a acabar de forma especialmente convulsa, al menos en su relación con la Policía Local. Representantes del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) presentaron a mediados de mes una denuncia contra el alcalde por presunta prevaricación por las diferentes medidas cautelares tomadas contra los 32 policías, funcionarios y cargos políticos que han sido imputados en los distintos escándalos que han salpicado el cuerpo durante esta legislatura. En la denuncia se expone caso por caso y se constata que, mientras algunos detenidos por delitos graves -como cohecho o coacciones- no tuvieron que afrontar ninguna sanción interna, otros, que fueron denunciados por infracciones leves -hubo una denuncia por la apropiacion de la carcasa de un móvil, que fue sobreseída judicialmente-, fueron sometidos a severos correctivos, como suspensión de empleo y sueldo o cambio forzoso de destino.
En el recuento realizado por los representantes sindicales aparececen 32 personas que han sido imputadas en los diferentes casos que han salpicado a la Policía Local de Palma durante esta legislatura, iniciada en junio de 2011. De ellos, 27 son policías, mientras que entre los otros cinco hay dos concejales -Guillem Navarro e Irene San Gil-, el ex coordinador de Seguretat de Cort Enrique Calvo y dos funcionarios.
Según el sindicato SPPME, se ha registrado una gran diferencia en las medidas impuestas por la propia Policía a los agentes investigados. Destacan por ejemplo el caso de dos agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) que a mediados de 2013 fueron denunciados por un oficial de su mismo grupo, en lo que posteriormente se consideró como parte de un enfrentamiento entre dos bandos de policías. La denuncia se refería a la sustracción de una carcasa de un móvil que permanecía en custodia tras haber sido extraviado. Esta falta, inicialmente leve y que ha quedado sobreseída por el juzgado, fue castigada con rigor por los servicios internos de la Policía. Uno de ellos fue suspendido de empleo y sueldo y otro forzado a cambiar de unidad.
Sin medidas cautelares
Frente a ello, los denunciantes oponen las medidas cautelares impuestas a otros agentes. Por ejemplo, Carlos V.P., que ha sido imputado en tres ocasiones por casos distintos durante esta legislatura. La primera, como encubridor en un presunto delito de torturas; la segunda, por su supuesta implicación con los Ángeles del Infierno; y la tercera, por el caso de los supuestos sobornos de empresarios de la noche de s'Arenal. No fue suspendido de empleo y sueldo hasta la tercera imputación. De igual manera, cinco de los policías que fueron imputados por el presunto amaño de las oposiciones a promoción interna, entre ellos un comisario, tampoco fueron sometidos a ninguna medida interna.
Tanto la concejala de Función Pública, Irene San Gil, como dos altos funcionarios del Ayuntamiento fueron imputados por obstrucción a la justicia, ya que el juez que instruía el caso entendió que no le facilitaron la documentación que les requería. A los tres se les retiró posteriormente la imputación.
En el sindicato recuerdan que a finales de 2014 hubo otra denuncia, atribuida inicialmente al enfrentamiento en el seno del GAP, referida a un posible caso de simulación de delito. Uno de los oficiales del grupo acusó a varios policías de haber "colocado" varias carteras a un detenido para reforzar una acusación de robo. El caso fue sobreseído también por el juzgado, pero dos de los tres policías fueron forzados a cambiar de destino.
La diferencia de criterio en las sanciones cautelares aparece también en el último gran escándalo que ha afectado a la Policía, la detención de ocho agentes que presuntamente tenían un trato de favor con algunos empresarios de locales nocturnos de s'Arenal y el Paseo Marítimo. Siete de ellos fueron suspendidos de empleo y sueldo, mientras que otro, el jefe de la Patrulla Verda, quedó sin ninguna medida.
En un fleco de este caso, por haber expedientado a un agente que declaró como testigo ante la fiscalía, declararon también como imputados el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillem Navarro, y el actual jefe de la Policía, Joan Mut. No han sido sometidos a ninguna medida.
La denuncia recalca que el responsable de estas actuaciones cautelares para los funcionarios es el alcalde de Palma, Mateo Isern. En el texto, presentado ante el juzgado de guardia el pasado 10 de abril, se recuerda que tras "la instrucción y el enjuiciamiento a diversos policías locales (...) se ha procedido a abrir diversos expedientes sancionadores contra los mismos, si bien resulta llamativo el diferente trato quese ha dado a los expedientados en lo que a adopción de medidas cautelares se refiere". La denuncia insiste en que "especialmente relevante es que el actual jefe de la Policía Local, Joan Mut, imputado por un presunto delito de prevaricación, no se haya adoptado medida cautelar alguna".
La denuncia concluye su acusación de prevaricación al estimar que "la decisión de adoptar o no medidas cautelares corresponde al alcalde, y se han adoptado decisiones claramente arbitrarias dependiendo de la identidad del sujeto.
