El responsable del Instituto Contra la Exclusión Social de Can Gazà, Jaume Santandreu, abandonará mañana el encadenamiento que mantiene desde el jueves pasado a las puertas de sa Casa Llarga en protesta porque la propiedad haya solicitado su desalojo, porque considera que se han abierto "vías de solución".
Santandreu no procederá sin embargo al desalojo de la finca, reclamado por sus propietarias, y mantendrá su reivindicación de una solución justa que aporte un lugar para albergar a los excluidos sociales y marginados, ha informado el presidente de Can Gazà, Jaume Mateu.
Según Mateu, Santandreu está satisfecho con las muestras de apoyo que ha recibido y con la reacción de las administraciones que se han ofrecido a buscar soluciones, si bien "no hay una propuesta concreta sobre la mesa" de manera que "no saldrá de allí e insistirá en su reivindicación de una solución que pase por encontrar una vía alternativa, ya sea una nave o cualquier otro lugar".
La finca de sa Casa Llarga alberga un huerto y talleres para los residentes y en ella se desarrollan tres programas de Can Gazà. Los responsables de la entidad reivindican que han dedicado dinero y esfuerzo a mantener la propiedad durante los últimos años e incluso obtuvieron una subvención estatal que destinaron a financiar mejoras de infraestructuras.
