Tras una larga jornada de declaraciones este miércoles, veinte horas de interrogatorio, la jueza ha decretado hoy prisión provisional con fianza para tres de los policías locales detenidos en la operación SancusSancus, contra una presunta red de corrupción con extorsión y favores a empresarios de locales nocturnos de s'Arenal.
La jueza Carmen González ha dejado en libertad a los otros cinco agentes detenidos, aunque sobre cuatro de ellos pesan medidas cautelares.
Sobre las 07.00 horas de hoy, la instructora ha dictado los autos respecto a los ocho detenidos, con los que empezó una ronda de declaraciones en la mañana de ayer que ha concluido esta madrugada.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a los tres policías para los que la jueza ha decretado prisión eludible con fianza les ha impuesto también la privación de armas y la prohibición de acercarse a determinadas zonas, como la Playa de Palma y el Paseo Marítimo. Tampoco podrán aproximarse ni tener contacto con determinadas personas.
Los tres principales imputados deberán abonar fianzas de 30.000 euros en dos de los casos y de 20.000 en el tercero entre hoy y mañana para evitar ingresar en la cárcel.
En este procedimiento judicial se investigan denuncias de prácticas corruptas de varios agentes de la Policía Local sospechosos de extorsionar o favorecer a empresarios de locales de zonas turísticas y de ocio como las citadas.
De los cinco que han quedado en libertad provisional, cuatro deberán comparecer periódicamente ante el juzgado, y dos de estos también tendrán limitación de movimientos y del uso de armas.
Desde las 09.40 horas de ayer la Policía Nacional y la Guardia Civil condujeron paulatinamente hasta los juzgados de Palma a los detenidos para que prestaran declaración ante la magistrada y los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Joan Carrau.
Los ocho policías fueron conducidos uno a uno a lo largo de toda la jornada ante la instructora, que dictó el secreto del sumario. La jueza estableció que se evitara el contacto entre los imputados.
En este caso están imputados también el jefe de la Policía Local, Joan Mut, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, quienes declararon ayer ante la jueza González.
En el transcurso de sus cuatro horas de declaración, Mut negó que el expediente abierto en 2014 a un policía del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) fuera una represalia por haber denunciado prácticas corruptas dentro de esta unidad.
El jefe policial, imputado por prevaricación, defendió la legalidad de esta actuación y del posterior traslado del agente a otra unidad, que justificó en un problema disciplinario derivado del enfrentamiento entre dos grupos de policías en el seno del GAP.
Posteriormente declaró ante la jueza el concejal Navarro, que igualmente sostuvo que no tenía constancia de ninguna corruptela dentro de la Policía y, en consecuencia, no hizo nada para tapar las denuncias del agente que supuestamente las había denunciado.
"Hemos cumplido con la Justicia y estoy muy tranquilo", manifestó a la salida de los juzgados el edil, que continúa imputado junto con el jefe de policía.
