La cuantía de los contratos presuntamente amañados por J. E. S, exjefe de Administración de Emaya, con el fin de favorecer a dos empresas en las que tenía relación "ronda el millón de euros", según explicó ayer el teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Andreu Garau. El exdirectivo de la empresa pública, despedido en abril del año pasado por pérdida de confianza, trabajaba en Emaya desde hace 14 años en el área administrativa, aunque en 2008 fue ascendido por la anterior dirección de la desaparecida UM a jefe de Administración.
La Policía está rastreando correos electrónicos en los que J. E. S., descifra las claves para que sus socios en dos empresas puedan hacerse con la adjudicación de una serie de concursos públicos relacionados con el servicio de reparto de facturas de Emaya y notificaciones de cortes de suministro de agua, entre otros servicios. Tanto el exdirectivo de Emaya como los dos empresasrios fueron detenidos el miércoles por la Polícía y puestos en libertad con cargos tras prestar declaración.
Tal como explicó ayer, el presidente de Emaya, Andreu Garau, las presuntas irregularidades fueron detectadas por el departamento de control de riesgos y auditoría, creado poco después de su toma de posesión y cuando ya habían estallado los denominados casos Picnic y Osifar, que afectan a la anterior cúpula política y directiva de la empresa de suministro de agua y recogida de basuras.
Este departamento detectó que el exjefe del departamento de administración incurría en un "conflicto grave de intereses", puesto que al tiempo que participaba en la adjudicación de los servicios de reparto de facturas y notificaciones de cortes de suministro, tenía intereses también en las empresas adjudicatarias Zertifika y Balear de Reparto.
En primera instancia se procedió a despedir al jefe de Administración sin posible indemnización por pérdida de confianza y por haber incurrido en un presunto caso de fraude, deslealtad, trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. El despido fue recurrido por el interesado, aunque los tribunales han dado al razón a la empresa.
Para Andreu Garau, la investigación abierta por la Fiscalía y que ahora desarrolla la Policía, si bien puede generar "una cierta alarma, es un síntoma de que el sistema está funcionando, porque lo peor que puede pasar es que las irregularidades que puedan producirse no afloren".
