Un año después del escándalo de las oposiciones amañadas a oficial de la Policía Local, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado unas directrices sobre la constitución y el funcionamiento de los tribunales de selección del personal funcionario de la administración municipal.

Se trata, en palabras del portavoz del equipo de gobierno, Julio Martínez, de una normativa que pretende acabar "con el enchufismo" en el acceso a la función pública y que "va a favor de la transparencia municipal".

La directiva cumple con un compromiso anunciado por el alcalde, Mateo Isern, en noviembre del año pasado después de que una investigación de la Guardia Civil detectara el presunto amaño de unas oposiciones a oficial de la Policía Local, que costó el cargo al exintendente jefe del cuerpo, Antonio Vera, y al exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo.

La investigación interna realizada a raíz de este escándalo, además de otros problemas surgidos en la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de Bomberos, han revelado la existencia de importantes "rendijas" en la composición y el funcionamiento de los tribunales, que la norma aprobada ayer y que debe ser ratificada por el pleno del Ayuntamiento pretende atajar.

Si bien la directiva solo es de aplicación en la selección del personal funcionario de Cort, tanto para ocupar una plaza fija como interina, el portavoz del equipo de Gobierno, Julio Martínez, explicó que nace con la voluntad de que también se aplique a las empresas, organismos autónomos e institutos municipales.

Entre las novedades que incluya la nueva reglamentación Martínez señaló que todos los vocales y suplentes de los tribunales de oposiciones serán designados por sorteo entre el personal funcionario de carrera que cumpla los requisitos.

No podrán formar parte de los tribunales calificadores los cargos de designación política ni las personas que los hayan ocupado en los cuatro años siguientes. Con esta medida, se pretende "despolitizar la composición de los tribunales calificadores", en palabras de Julio Martínez.

Si esta norma hubiera estado en vigor, por ejemplo cuando se nombró al tribunal de las oposiciones amañadas a oficial de la Policía Local, el exintendente, Antonio Vera no hubiera podido ser su presidente ni el exdirector general, Enrique Calvo, vocal.

También quedarán excluidas las personas que se dedican a preparar a los aspirantes a alguna plaza pública, al igual que los representantes de los sindicatos, aunque en este último caso, si bien no formarán parte de los tribunales calificadores se garantiza su derecho y obligación de velar por la limpieza del proceso.

Los miembros del tribunal escogerán también por sorteo al secretario o secretaria de este órgano, quien tendrá la responsabilidad de custodiar las preguntas del examen. Para cada proceso selectivo el tribunal preparará tres exámenes y se decidirá por sorteo cuál es el que deben realizar las personas que se presenten a las pruebas. De esta forma, se dificulta que haya posibles filtraciones de preguntas.

Martínez justificó la tardanza en la elaboración de estas directrices -ha transcurrido un año desde que el alcalde las anunció- debido a que se ha querido consensuar su contenido con los sindicatos con representación en Cort, según Julio Martínez. El portavoz municipal confía en que los grupos de la oposición también se sumen a su aprobación en el pleno.