La nueva ordenanza contra la contaminación acústica por ruido y vibraciones, aprobada el año pasado, ha reducido a la mitad el número de expedientes sancionadores incoados por el Ayuntamiento de Palma.

De hecho, según pone de manifiesto el grupo municipal socialista utilizando los datos aportados por el equipo de gobierno, desde que está en vigor la nueva norma aprobada en solitario por el PP en julio de 2013"se ha pasado de abrir una media de 36 expedientes sancionadores al mes a iniciar justo la mitad, es decir una media de 18 expedientes mensuales".

Por ello, la concejala socialista Begoña Sánchez afirmó que la ciudad "ha pasado de una ordenanza aprobada en 1995 más restrictiva que ha permitido durante 18 años la convivencia entre la actividad económica y el descanso de los vecinos, a una norma más permisiva con el ruido".

Sánchez recuerda que el equipo de gobierno, en contra de la opinión de los grupos municipales, asumió como propios los niveles mínimos de ruido establecidos en la ley estatal.

Lo anterior provocó, entre otras cuestiones que los niveles mínimos de ruido permitidos durante el día en el interior de las viviendas se triplican puesto que se pasa de los 35 decibelios máximos establecidos en la ordenanza de 1995 a los 45 de la actual.

Asimismo, en el interior de los dormitorios, hospitales y residencias la situación es similar durante el día puesto que la ordenanza anterior limitaba a 30 decibelios el nivel de ruido que pueden recibir en el interior de estas estancias y, con la aprobada el año pasado, se pueden alcanzar los 40 decibelios. Cabe recordar que la percepción de ruido para el oído humano se multiplica por dos cada tres decibelios.

Con la nueva ordenanza, además, las mediciones sonométricas en el interior de las viviendas sobre los niveles de ruido detectado desde el exterior se realizan con las puertas y ventanas cerradas, mientras que con la anterior ordenanza se efectuaban con estos elementos abiertos.

Según los datos proporcionados por los socialistas, "las estadísticas municipales hablan por sí solas". Entre el día 1 de julio de 2011 y el 1 de julio de 2012, el Ayuntamiento inició 435 expedientes sancionadores por ruidos; es decir una media de 36,25 al mes, de los cuáles se dictaron 35 resoluciones de imposición de medidas correctoras o de paralización de la actividad, con el fin de enmendar deficiencias o eliminar las molestias que debían soportar los vecinos.

En una segunda fase, durante el período de adaptación al nuevo marco regulador europeo, entre el 1 de julio de 2012 y noviembre de 2013, se incoaron 371 expedientes sancionadores, lo que supone una media de 33,7 al mes, y se dictaron 33 resoluciones de medidas correctoras.

En esta fase, si bien aún estaba en vigor la ordenanza de 1995 ya se aplicaban los límites sonoros incluidos en la normativa estatal, que luego recogió la nueva norma municipal.

Por último, en una tercera fase, cuando ya se aplicaba la nueva ordenanza, entre el 2 de noviembre de 2013 y el 1 de julio de 2014 se han incoado un total de 144 expedientes sancionadores, lo que representa una media de 18 mensuales, justo la mitad de los incoados con la norma de 1995.

De esta forma, según la concejala socialista Begoña Sánchez, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que se podrá hacer más ruido y que habrá más permisividad". Por ello, según Sánchez, "las discotecas, cafés concierto o locales con actuaciones musicales han podido aumentar el nivel de ruidos".

Asimismo, recordó que una de las causas del aumento de los ruidos es el tráfico y criticó que las decisiones adoptadas por el gobierno de Mateo Isern en este sentido como "la no adquisición de autobuses de gas natural más silenciosos o la supresión del carril bici de las Avenidas inciden en el incremento de la contaminación acústica". Al respecto, puso de manifiesto que los ciudadanos que viven en las Avenidas "deben soportar niveles de hasta 70 decibelios".