El Consorcio de la Playa de Palma ha aprobado hoy provisionalmente el Plan de Reconversión Integral (PRI) de la zona, que incluye un estudio económico que prevé inversiones públicas estimadas en 104 millones de euros y privadas por 365, en un plazo de diez años.
La cuantía más significativa de la inversión pública del plan económico (unos 80 de los 104 millones) se destinará a mejorar la calidad del agua. También se crearán corredores paisajísticos que darán prioridad a los peatones, se ampliará el catálogo de patrimonio histórico, se mejorarán los accesos viarios y la iluminación y se reformarán de plazas y calles.
Hay otras inversiones que no están incluidas en el plan y que ya se están acometiendo como el soterramiento de contenedores por alrededor 1,3 millones de euros.
El conseller de Turismo y Deportes, Jaime Martínez, ha destacado la importancia de que la rehabilitación de esta zona turística madura de Mallorca cuente con un marco jurídico después de 11 años de tramitación, que "mejorará la confianza y la seguridad jurídica".
Tras la aprobación provisional del PRI, el Consell de Mallorca acordará la definitiva en un plazo de dos meses.
El PRI afecta a 992 hectáreas de terreno en las que el suelo residencial máximo previsto queda limitado a 14.302 viviendas y 39.111 residentes (el anterior Plan General de Ordenación Urbana contemplaba un techo 22.045 viviendas y 66.134 residentes), y el resto del suelo tendrá uso prioritariamente turístico.
En la actualidad la zona alberga alrededor de 140 hoteles y unas 42.000 plazas, ninguno de ellos de 5 estrellas.
Entre las medidas que recoge, el PRI permite a los hoteles de 3 estrellas que mejoren de categoría a 4 estrellas un aumento de la edificabilidad del 20% hasta un máximo de planta baja más siete alturas; y en el caso de un aumento de 4 a 5 estrellas, la edificabilidad se puede incrementar un 30% (con tope de planta baja más siete plantas).
Los nuevos hoteles que se podrán edificar en la zona deberán ser obligatoriamente de 4 o 5 estrellas, con un máximo de planta baja más seis plantas.
La previsión es que en el período de diez años no haya ningún hotel de 1 y 2 estrellas en la zona, un 30% de la planta hotelera sea de 3 estrellas o 3 estrellas superior, un 40% de 4 o 4 estrellas superior y un 10% de 5 estrellas.
Si el anterior PRI que se planteó en 2010 apostaba por acometer grandes obras públicas y la adquisición de suelo mediante expropiación, el actual documento urbanístico se centra en la puesta en valor de los recursos existentes, facilitar la inversión privada y dar prioridad a la reconversión.
Martínez ha destacado que el PRI se suma a otras herramientas legislativas como la reforma de la Ley Turística de Baleares y los decretos ley de Playa de Palma y de zonas turísticas obsoletas, con el objetivo de crear "un escenario de seguridad jurídica en el que la inversión privada está apostando claramente por este destino que es el más importante en términos de desestacionalización".
Ha recordado que en dos años se han acometido más de 30 reformas de establecimientos hoteleros, con una inversión de unos 150 millones de euros, y se han duplicado los hoteles de 4 estrellas.
Martínez ha anunciado que esa inversión privada va a continuar este invierno, junto con las inversiones que realizará cada administración pública en la medida de sus posibilidades presupuestarias, incluido el Gobierno central.
El alcalde de Palma, Mateo Isern, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de que todos los ingresos que se produzcan por las reformas en esta zona se destinarán a la rehabilitación de la Playa de Palma.
Isern ha detallado que en la actualidad "se están acometiendo inversiones por 350 millones de euros que incluyen el proyecto de Ses Fontanelles, dos hoteles de 5 estrellas y tres de 4 que ya son una realidad". El PRI va a posibilitar "nuevas inversiones y que la reforma sea imparable".
El alcalde de Llucmajor, Joan Jaume, ha destacado que el PRI contempla la conservación de las viviendas tradicionales de la zona.
El PRI se ha aprobado tras la inclusión de un 70% de las 465 alegaciones presentadas durante su tramitación.
