­El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma sembró dudas ayer sobre la legalidad de la financiación del Govern para acabar las obras del Palacio de Congresos.

El teniente de alcalde de Hacienda y portavoz municipal, Julio Martínez, no respondió a las preguntas formuladas por el concejal socialista Andreu Alcover al respecto y se limitó a echar balones fuera y remitir el concejal a su grupo parlamentario para que éste interrogue al Govern.

Por ello, el grupo municipal socialista, haciendo uso de una prerrogativa que le concede el reglamento de funcionamiento del pleno a un tercio de los concejales, solicitó la redacción de un informe a la Intervención municipal sobre la legalidad de la operación, a la que se sumaron los concejales del grupo Més. Este último grupo anunció acciones judiciales en el caso de que el informe de Intervención sea negativo.

Alcover manifestó su extrañeza sobre la figura del "crédito reintegrable" de 35,5 millones anunciado por el president José Ramón Bauzá con el fin de reiniciar y acabar completamente las obras del Palacio de Congresos. La entidad beneficiaria de esta operación es la sociedad Palau de Congressos, integrada a partes iguales por el Govern y Cort, aunque administrativamente está adscrita al Ayuntamiento de Palma por ostentar Cort su presidencia.

Por esta razón, el ministerio de Economía y Hacienda imputa al Ayuntamiento la deuda de Palau de Congresos. En estas condiciones, si esta sociedad debe reintegrar el préstamo de 35,5 millones, según el razonamiento de Alcover, asumiría también la deuda, algo que no puede hacer sin contar con la autorización expresa del Gobierno central.

Según el razonamiento de Alcover, que no fue desmentido en ningún momento por Martínez, más allá de acusarle de ser el responsable de que la deuda de Palau de Congressos se impute a Cort, el Ayuntamiento no podía asumir más endeudamiento puesto que ha superado los parámetros permitidos por el Gobierno central.

La operación no contaría con el preceptivo informe de la intervención municipal, que se hará ahora a petición de los grupos municipales de la oposición, puesto que no tiene representación en el consejo de administración de Palau de Congressos S. A., promotora del complejo congresual y de su hotel anexo. Se prevé que el informe de intervención no esté realizado hasta el próximo mes de septiembre.

El teniente de alcalde de Hacienda, sin contestar en ningún momento a las dudas planteadas por Alcover, reiteró una y otra vez que esta cuestión compete al Govern y, en consecuencia, debe contestar el Ejecutivo autonómico. Afirmó que su grupo no estaba de acuerdo en el pasado mandato con el cambio de financiación de las obras del Palacio y del Hotel, que pasó de mayoritariamente privada a pública en su totalidad, pese a que su grupo firmó en su momento la salida del Grupo Barceló sin exigirle el aval previsto en el contrato en caso de incumplimiento.