La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma requirió ayer formalmente al Govern balear la devolución de los 43 millones adelantados por la Administración Municipal con el fin de hacer frente al pago de las obras ejecutadas del Palacio de Congresos y que no se habían abonado a la empresa Acciona antes del reinicio de los trabajos.

Tal como se había acordado con el Govern y con el fin de desbloquear la situación de parálisis del edificio congresual y el hotel anexo, el Ayuntamiento se hizo cargo a través del último crédito para el pago a proveedores del coste de las obras ya ejecutadas. El Ejecutivo autonómico, por su parte, se comprometió a devolver esta cantidad en cinco años, a razón de 8 millones anuales.

Tal como recordó el teniente de alcalde de Hacienda y portavoz municipal, Julio Martínez, en realidad la obra a abonar era de 37,7 millones, cifra a la que Acciona sumó otros 5,3 millones correspondientes al IVA, cantidad que no puede ser financiada a través del crédito de pago a proveedores. Por ello, Acciona tuvo que volver a presentar las facturas sin IVA. Los 5,3 millones no financiados se utilizarán para el adelanto de la amortización total del préstamo.

En realidad, el procedimiento que se va a seguir para la devolución de los 37,7 millones a las arcas municipales consiste en reclamar a la sociedad Palau de Congressos -promotora del complejo congresual y del hotel anexo- que ingrese a las arcas municipales los ocho millones anuales que, por este concepto, el Govern, a su vez, le va a remitir.

Tal como recordó el teniente de alcalde los 37,7 millones de la obra ejecutada ya han sido abonados a la empresa Acciona y no tienen nada que ver con los 37,5 millones que faltan para finalizar las obras reanudadas hace quince días. En relación al Palacio de Congresos, en la junta de gobierno de ayer, la última antes de las vacaciones estivales, aprobó proceder al registro del derecho real de superficie de la parcela sobre la que se levanta el hotel.

De esta forma se culmina la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma por la que se separaba la parcela del hotel de la del edificio congresual, con el fin de que el primero pueda venderse en caso de encontrar un comprador. Una circunstancia a la que ni el Govern ni el Ayuntamiento de Palma han renunciado en un futuro.

De hecho, el Govern cuando se anunció el reinicio de las obras manifestó que su financiación estaba garantizada mediante la formalización con la sociedad Palau de Congressos de un préstamo reintegrable por 37,5 millones, correspondiente a la cantidad que falta para finalizar las infraestructura. La sociedad, a su vez, debe reintegrar esta cantidad al Ejecutivo autonómico ya sea por el alquiler de las instalaciones, su gestión o la venta del hotel.