El Ayuntamiento de Palma ha aprobado esta tarde con los votos favorables del PP y el rechazo de PSIB y MÉS la nueva ordenanza cívica de la ciudad en un pleno en el que los gritos e insultos de partidarios y detractores que llenaban la sala han predominado sobre el debate.

El alcalde, Mateo Isern, que ha consentido paciente constantes interrupciones e improvisadas intervenciones airadas de personas presentes en el salón de plenos, ha tenido que aplacar los ánimos apelando al respeto a las opiniones ajenas como "esencia de la democracia".

Once asociaciones vecinales y patronales han intervenido en la convulsa sesión extraordinaria, la mayoría para expresar su respaldo a la normativa impulsada por el equipo de gobierno municipal, cuyo coordinador, el concejal Álvaro Gijón, ha asegurado que la ordenanza fue originalmente una iniciativa de los partidos de la izquierda y se basa en el modelo aprobado por la Federación de Municipios.

Los portavoces de la oposición han hecho hincapié en que la ordenanza tiene como propósito reprimir las protestas, recaudar a través de las múltiples sanciones contempladas y, sobre todo, perseguir a prostitutas y personas sin recursos en lugar de ofrecerles alternativas.

"Cada año se reciben en este Ayuntamiento más de 15.000 peticiones de temas que aparecen en esta ordenanza", ha sostenido Gijón, quién ha considerado "de sentido común" algunas regulaciones contempladas en la norma como la prohibición de ir con el torso desnudo fuera de las playas, de dejar excrementos de perros en la calle, de orinar en la vía pública, hacer botellón, realizar pintadas y romper mobiliario urbano.

El edil ha negado que la ordenanza sea fruto de la imposición, ya que se han modificado el 40 % de sus artículos en atención a las alegaciones presentadas.

Respecto a las críticas más severas de la oposición, ha subrayado que no se multará a ninguna persona en riesgo de exclusión social ni se perseguirá a mendigos y prostitutas, sino a quienes exijan dinero con amenazas y a los hombres que soliciten servicios sexuales en la vía pública.

La portavoz del PSOE, Aina Calvo, ha asegurado que la de Gijón es la ordenanza "de cinismo" y ha insistido en que "primero llegará la sanción para las personas más vulnerables y después, mucho después, llegará algún programa de ayuda". Ha tildado la norma de "represora, recaudatoria y antisocial" y ha lamentado que el PP ignore la opinión de entidades de prestigio que trabajan con personas en riesgo de exclusión, que han presentado algunos de los más de 1.000 recursos que reclamaban la retirada del proyecto.

Neus Truyol, concejala de MÉS, ha afirmado que la regulación forma parte del "viaje al franquismo" del PP, que quiere "la ciudad sea una vitrina para que la gente rica y los turistas se paseen".

Ha apuntado que muchos de los problemas que se pretenden abordar con la ordenanza ya están contemplados en otras normas que no se cumplen. "Es aplicar soluciones policiales a problemas sociales", ha manifestado.

Al inicio de la sesión plenaria, entre constantes interrupciones con ovaciones y abucheos, han intervenido a favor de la norma representantes de asociaciones de vecinos y de patronales de salas de fiestas, hoteles, comercios turísticos y atracciones.

En contra han hablado un representante vecinal y las responsables de la asociación ATTAC y de Médicos del Mundo, que ha incidido en que las prostitutas y las personas sin hogar no deben ser tratadas como "delincuentes".

A pesar del ambiente tumultuoso del pleno, la sesión ha concluido con un respetuoso minuto de silencio como señal de duelo por el asesinado de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.