La teniente de alcalde de la Función Pública del Ayuntamiento de Palma, Irene San Gil, quiso dimitir de todos sus cargos cuando la semana pasada se le comunicó su imputación judicial por presuntos delitos de prevaricación y falsedad, pero no lo hizo porque el president del Govern y del PP Balear, José Ramón Bauzá, se lo impidió.
Poco después de conocerse la imputación de la teniente de alcalde, junto a otros tres funcionarios de Cort, San Gil recibió una llamada de José Ramón Bauzá, instándole a que continuara en el cargo y a que esperara antes de adoptar cualquier decisión a que hubiera una resolución judicial.
La teniente de alcalde conoce perfectamente que, según el código ético del Partido Popular, cualquier cargo que se encuentre en una situación como la suya tiene que ponerlo a disposición del partido. Y así lo hizo, según relata. No obstante, la llamada, "muy cariñosa", que recibió del president Bauzá, junto con la actitud del alcalde, Mateo Isern, quien también apoyó en todo momento su actuación atribuyendo a "un malentendido" que no se hubiera remitido la documentación requerida por la juez y la fiscalía, hicieron que San Gil reconsiderara su decisión y esté a la espera de una próxima resolución judicial sobre su situación procesal.
De todas formas, la teniente de alcalde indica que si finalmente se tiene que ir se irá, aunque está convencida de que todo quedará aclarado y se demostrará que por parte del Ayuntamiento siempre ha habido la intención de colaborar al máximo con la justicia.
No obstante, lo ocurrido ha puesto en evidencia que es preciso cambiar el sistema que se utiliza actualmente a la hora de tramitar por parte del Ayuntamiento los requerimientos judiciales. Por ello manifestó que se va a cambiar el protocolo de actuación de tal forma que todas las notificaciones, peticiones o requerimientos que lleguen al Ayuntamiento de Palma procedentes de los juzgados sean centralizados en un único departamento, ya sea en secretaría o en los Servicios Jurídicos.
En el caso de la documentación reclamada por la juez y por fiscalía en relación a la composición del tribunal de las oposiciones para 35 agentes de la Policía Local, por la que ha sido imputada junto a otros tres funcionarios, San Gil explicó que llegaron oficios a tres departamentos municipales. Uno de ellos iba dirigido a la "regiduría de interior" -inexistente en Cort-, otro remitido al departamento de la Función Pública y otro a Policía. También se procederá en futuras convocatorias de oposiciones a adjuntar al expediente de las pruebas el relativo a la selección y composición de los miembros del tribunal, que se tramitaba y custodiaba aparte.
