"No vamos a quedarnos con la carta remitida a los bancos, sino que pretendemos hacer un seguimiento de las respuestas que nos den las entidades financieras en relación a la petición de que pongan pisos de su propiedad en alquiler social", manifestó ayer el alcalde de Palma, Mateo Isern.

"No se trata de un brindis al Sol, ni una pose política", insistió la primera autoridad municipal, puesto que reiteró que "es de justicia" que las entidades financieras contribuyan a solventar los problemas a los que se enfrentan las familias en peligro de perder sus viviendas por no poder pagar la hipoteca por causa sobrevenida.

Isern explicó que, "si en un tiempo prudencial", no han recibido contestación de las aproximadamente 20 entidades bancarias a las que se ha remitido la misiva "vamos a mantener reuniones con sus responsables" con el fin de recabar información de primera mano.

En relación al primer punto del pleno del pasado mes de enero en que se instaba al Govern a incluir en la futura ley de vivienda la posibilidad de que los ayuntamientos multen a los bancos que tengan más de dos años viviendas de su propiedad vacías, Isern aseguró que "si el acuerdo no ha salido, está a punto de salir, puesto que es una cuestión de la que se encarga la secretaría". Puntualizó que antes de aprobar este punto solicitado por la oposición se había hablado con el Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, quien se comprometió "a estudiarlo". Antes de que se plasme en el borrador de la ley debe pasar los filtros de los pertinentes informes jurídicos, aunque el alcalde eludió pronunciarse sobre la "predisposición política" que había encontrado en el Govern sobre la propuesta. En relación a la crítica de la portavoz socialista Aina Calvo, no quiso entrar en valoraciones personales, aunque recordó que, cuando aceptó ser candidato a la alcaldía "me di de baja de todas las actividades privadas. En Cort tengo dedicación exclusiva y excluyente".