La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado hoy de forma definitiva la ordenanza de ruidos y vibraciones que ratificará en el pleno del día 19 y entre otras novedades agiliza las sanciones, reduce el tiempo para solventar las infracciones y prevé multas de hasta 300.000 euros.
La ordenanza aprobada ha sufrido 33 modificaciones, que recogen en parte las 17 alegaciones recibidas y sustituye a la normativa de 1995 para adaptarse a las leyes autonómica y europea en materia de ruido y vibraciones, ha explicado en una rueda de prensa la regidora de Sanidad y Consumo, Rosa Llobera.
La nueva ordenanza, que será aprobada en el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), varía los sistemas de medición y valores acústicos, lo que no supondrá, ha aclarado Llobera, más ruido para los ciudadanos.
Entre las novedades más significativas de la normativa se encuentra la reducción de los plazos para solventar las sanciones: será de un mes para las leves (con multas de 600 euros), de 15 días las graves (entre 601 y 12.000 euros) y de 7 las muy graves (12.001 y 300.000 euros), lo que supone prácticamente la mitad del tiempo previsto en la ordenanza anterior.
Como ejemplo de falta leve, la regidora ha señalado una actividad de bricolaje en una vivienda que supere hasta en seis decibelios los establecidos como límite, que son los 35 (mañana y tarde) y los 25 en horario nocturno y que se miden con las ventanas cerradas, otra de las novedades de la ordenanza.
Una falta grave puede ser la reincidencia de las leves y una muy grave, sobrepasar el límite en más de 15 decibelios.
Además, se amplía la protección de los ciudadanos al aumentarse en una hora el tramo considerado como horario nocturno (de 23.00 a 8.00 horas) en el que no se puede hacer ruido.
Así, el diurno (de 8.00 a 20.00 horas) y vespertino (de 20.00 a 23.00 h) completan los tramos horarios fijados por la normativa.
Además, se aclaran las circunstancias por las que se exigirá la instalación de limitadores registradores de ruidos a establecimientos como salas de fiestas, café conciertos o bares musicales.
Así, se les obligará a tener los aparatos en el caso de que hayan cometido infracciones en varias ocasiones o para los nuevos locales que se instalen en edificios de viviendas.
Además, se obligará a los locales que superen los 95 decibelios de ruido a colocar un cartel exterior con dicha información.
Según Llobera, la nueva ley facilita el trabajo de la Policía Local a la hora de sancionar, ya que les facilita una serie de herramientas de las que antes no disponía, da seguridad jurídica y pretende que exista un equilibrio entre la actividad comercial diario y el descanso de los vecinos.
La normativa cuenta con "un texto plural" que ha sido "consensuado" al máximo, ha resaltado Llobera, que ha incidido en la importancia de que la normativa prevé también una comisión de seguimiento de la ordenanza.
