La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la posibilidad de la venta, mediante subasta, del hotel del Palacio de Congresos, cuyo precio de salida será de 40,5 millones de euros.
El valor de subasta se ha determinado a partir de las diferentes valoraciones realizadas por los técnicos municipales y del ámbito inmobiliario especializados en sector hotelero, ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma.
Además, la junta de gobierno municipal, ha señalado el portavoz de Cort y teniente de alcalde de Economía, Hacienda e Innovación, Julio Martínez, ha acordado que el comprador asuma también el alquiler del Palacio de Congresos para su gestión por un período mínimo de veinte años, prorrogable por dos plazos de diez años cada uno.
Martínez ha explicado que el precio de alquiler del Palacio de Congresos será de 100.000, 200.000, 300.000 y 400.000 euros durante el primero, segundo, tercer y cuarto años, respectivamente, y que subirá a 700.000 euros a partir del quinto año en adelante.
El portavoz del equipo de gobierno municipal ha añadido que la cantidad obtenida con la venta del hotel se destinará a pagar la ejecución de las obras pendientes de la infraestructura por parte de Acciona.
La reanudación de los trabajos está prevista para noviembre.
Por parte del Ayuntamiento de Palma se mantiene la condición de entregar ambos edificios concluidos y exentos de mobiliario y enseres. "Con esta decisión se garantiza una viabilidad en el futuro de esta infraestructura importante para nuestra ciudad", ha indicado Martínez.
Esta operación de venta, necesaria para la conclusión de las obras, se complementa con la inclusión de las facturas pendientes de Acciona en el mecanismo de pago a proveedores a través del Gobierno central.
Sobre este asunto, el portavoz municipal ha anunciado que, a partir de hoy, los proveedores pueden conocer a través de la página web de Cort la lista de proveedores pendientes de cobro remitida a Madrid.
De este modo, todos los proveedores con facturas anteriores a 31 de mayo podrán saber si están o no incluidos y decidir voluntariamente si quieren participar en la misma o bien dirigirse a Intervención municipal en caso de no figurar en ella.
Martínez ha anunciado que, a la hora de efectuarse los pagos, tendrán prioridad las facturas posteriores a 31 de mayo "porque las anteriores ya tienen una solución de tesorería iniciada por Cort para acortar los plazos de pago".
En otro orden de cosas, el portavoz del equipo de Gobierno ha informado de que, en cumplimiento de una promesa electoral y, también, de la normativa vigente, se ha procedido hoy a la aprobación formal de la ley 9/2012 de modificación de la ley 3/2007 de la función pública de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares (CAIB) en materia de exigencia de niveles de catalán en la Administración.
Con esta medida, el catalán dejará de ser un requisito para convertirse en un mérito a la hora de acceder al Ayuntamiento de Palma.
No obstante, sí será requerido a la hora de acceder a determinadas plazas de la administración municipal y se mantendrá en en el 20 por ciento de plantilla.
También en la reunión de hoy, la junta de gobierno municipal ha decidido que "no se ajusta a derecho" la solicitud presentada por Sacresa sobre la devolución de los casi 2 millones de euros en concepto de aprovechamiento urbanístico y pago de licencia de obras abonados a Cort para ejecutar una promoción inmobiliaria en los terrenos de Can Domenge a la que, finalmente, renunció.
