La Empresa Municipal d´Aigües i Clavegueram (Emaya) perderá ocho millones anuales por el retraso que puede suponer el recurso judicial interpuesto por un vecino contra la construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable que la compañía pública prevé construir junto a la Font de la Vila, en las inmediaciones del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
El recurso ha sido interpuesto contra la modificación del Plan General aprobada definitivamente el pasado mes de febrero, que permite la construcción en zona rústica de esta nueva planta que debe tratar el agua procedente de las fuentes que tracicionalmente han abastecido la ciudad: la Font de la Vila, la d´en Baster y la de Mestre Pere.
La empresa municipal prevé invertir 19 millones en los próximos años en esta nueva infraestructura capaz de proporcionar agua potable para el consumo humano entre 8 y 9 hectómetros cúbicos anuales, un volumen equivalente a la capacidad de almacenamiento del embalse del Gorg Blau, o al 20 por ciento del total de líquido que necesita la ciudad para su consumo.
La nueva intraestructura se proyecta en una superficie de 43.000 metros cuadrados. Además de la planta de tratamiento de agua mediante filtros de arena, se proyectan dos depósitos de 40.000 metros cúbicos cada uno, por lo que se dispondría de una capacidad de almacenamiento de 80.000 metros cúbicos. No obstante, la empresa municipal calcula que en los años de bonanza de lluvias se podrían llegar a utilizar 8 hectómetros cúbicos de agua procedente de las fuentes.
La empresa municipal se va a encontrar con un problema añadido si, debido al recurso judicial, la ejecución de esta infraestructura se retrasa o no se autoriza su construcción, ya que los ocho hectómetros cúbicos de agua procedente de las fuentes se tendrá que sustituir por un volumen equivalente de agua desalada, mucho más cara.
De hecho, los técnicos de la empresa municipal calculan que el coste de adquirir 8 hectómetros adicionales de agua procedente de la desaladora sería de 8 millones anuales, ya que se estima que el precio de obtener un metro cúbico de líquido potable a partir del agua de mar es de un euro. En cambio, el proceso de potabilización del agua procedente de las fuentes es mucho más barato, al igual que el coste energético. Se calcula, además, que el ahorro de energía que se produciría con el funcionamiento de la nueva planta de tratamiento al reducir las necesidades de agua desalada supondría también una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero de aproximadamente 2.800 toneladas de dióxido de carbono al año. El teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Andreu Garau, manifestó ayer su esperanza de llegar a una cuerdo con la propietaria de los terrenos vecinos que ha puesto el contencioso, además de asegurarle que se adoptarán medidas para evitar el impacto paisajístico de la infraestructura.
