Desde su integración en la Corona de Aragón, Mallorca nunca dejó ser un reino periférico. Al mismo tiempo, el hecho de estar constituido por diferentes islas, provocó constantes esfuerzos infructuosos en crear un cuerpo político-institucional cohesionado. Esta realidad era admitida, por ejemplo, en 1695 por el Gran y General Consell: «es cert que el dit Regne únicament consisteix en la isla de Mallorca [€] no concurrint en esta junta persona alguna per las islas de Menorca i Iviça, ni unint-se may les tres per fer un cos ni formar una Generalitat, antes bé tenen cada una la sua Universitat separada». Por tanto, como explica el profesor de historia del Derecho Antonio Planas, Mallorca fue un reino con una "arquitectura política incompleta y fragmentaria". Es precisamente ante esta realidad desvencijada que se debe observar el ardid de la monarquía hispánica de los Austrias, para introducir sus reformas modernizadoras y aumentar su control en las instituciones locales. Como principal herramienta para conseguir su treta creó el rey la Real Audiencia.

Si se atienden los precedentes, se observa que desde la conquista de Mallorca en 1229, el poder monárquico había delegado muchas de sus atribuciones a un lugarteniente real ?o también conocido como gobernador y, con el paso del tiempo también virrey?. Éste presidía la curia de Gobernación ?que constituía junto a dos oficiales togados, concretamente, el regente de la Cancillería y el abogado fiscal y patrimonial?, que, entre otras cosas, se dedicaba a la administración de la justicia. A su vez, la Curia, podía ser auxiliada por un consejo ?Reial Consell? de carácter no permanente. Para su conformación, el lugarteniente elegía a probos et prudentes homines, entre los que había oficiales reales y militares. Todos ellos eran convocados en el Palacio de la Almudaina.

Llegó un momento en que, por mor de la creciente expansión demográfica y administrativa en Mallorca, el trabajo en la curia de Gobernación se desbordó, sobre todo en lo concerniente a las causas criminales. Por ello, mucho antes de crearse la Real Audiencia, los jurados de la isla ya habían barruntado la necesidad de constituir un tribunal colegiado, capaz de abordar la acuciante demanda judicial. Por tanto, la Real Audiencia era deseada tanto por la monarquía como por las autoridades insulares. No era cuestión baladí, ambas partes sabían que, controlando la nueva institución, se controlaría también, una parte importante del gobierno de la isla. Aunque hubo algún que otro devaneo, no fue hasta el año 1564 en que se inicio el proceso definitivo para instaurar la Real Audiencia, proceso que se prolongó casi diez años, por culpa de esos tira y afloja entre las diferentes partes interesadas. Su financiación y su control, allí se encontraba el busilis del asunto. La Real Audiencia se puso en funcionamiento durante el verano de 1573. Mallorca había sido el última reino de la Corona en crearla.

Planas advierte que "el hecho de que la Real Audiencia mallorquina fuese la última creada en la Corona de Aragón hizo que el monarca contase con una amplia experiencia, para organizarla de la forma más favorable a sus intereses. Por otra parte, la ausencia de un contrapeso regnícola análogo al que en los restantes reinos suponían las Cortes, dejó al rey un amplio margen de maniobra para configurarla según su criterio". Resumiendo: Felipe II se salió con la suya, traspintando, los planes de la oligarquía política mallorquina, y la de los togados, los cuales habían depositado sus esperanzas en ocupar los retributivos cargos de la Real Audiencia. El ufanoso monarca se las había pergeñado para que los aragoneses, catalanes y valencianos pudiesen optar a cargos de la Real Audiencia insular, mientras que los mallorquines no podían acceder a los tribunales de otros reinos de la Corona, con lo que sus posibilidades de promoción profesional quedaban muy mermadas, en descarada desventaja respecto a los continentales.

Por tanto, desde el primer momento, para la oligarquía mallorquina, esta nueva institución fue considerada espuria. Los enfrentamientos entre el nuevo tribunal y las autoridades insulares no se hizo esperar. Morrocotuda debió ser la situación con la que se encontró el virrey rosellonés Antoni Doms, para que, en 1579 escribiese al rey explicándole que "tienen ya tanto odio las personas principales de la tierra a la dicha Real Audiencia que, como de principio para sus fines la desearon y procuraron querrían agora, si pudiessen, deshazerla". Según el propio virrey la razón de tanta tirria era que el nuevo tribunal aplicaba la justicia por igual a todos los naturales del reino, inclusive a los más poderosos, a quien les obligaba a pagar lo que debían; y aplicaban los correspondientes castigos ante cualquier delito. Sencillamente se aplicaba la ley.

Como se puede suponer, ese disgusto de los poderosos no fue compartido por todos los isleños. No es que se diese una alharaca popular, pero sí hubo hubo respaldos explícitos de varios sectores sociales. En 1650, el cronista del Reino, Vicente Mut, destacó la importancia de que Mallorca tuviese una Real Audiencia "porque los pocos más fácilmente se sobornan, se conciertan y se sufren y no se temen unos a otros; trabajan menos en el estudio porque les contradicen pocos. A dos personas fácilmente el interés, la pasión y los respetos humanos pueden hacerles de una misma liga". A pesar de aquellas voces enardecidas y estólidas que se surgieron al principio, lo cierto es que la Real Audiencia mantuvo sus características fundamentales hasta la finalización de la Guerra de Sucesión.

A partir de 1715, este tribunal sufrió una profunda transformación, encaminada, entre otras cosas, a otorgar un mayor control por parte de los órganos centrales de la monarquía. A partir de entonces, las apelaciones pasaron del Consejo de Aragón, ahora suprimido, al Consejo de Castilla. En 1773, se hizo realidad una vieja aspiración que se remontaba a los mismos orígenes de la institución: la formación de dos salas para pleitos civiles y causas criminales. Esta situación perduraría hasta 1812-1833. Con la aprobación de la Constitución de Cádiz, la Real Audiencia empezó a navegar por nuevos derroteros, pero eso ya es otra historia.