Mono azul, placa identificativa en la pechera y caja de herramientas. A los buscavidas no les falta detalle indumentario, perfectamente uniformados de revisores del gas, instaladores eléctricos o representantes de la Inspección Técnica de Edificios, según el timo que toque en el calendario o la candidez de las víctimas. Los estafadores hacen su agosto a costa del desconocimiento y la buena voluntad de los ciudadanos, a quienes sólo la amenaza de una multa municipal o una nueva factura desproporcionada nubla la mente y el entendimiento. Y tienen tan estudiada su próxima actuación, tan planificado cada detalle, que incluso se atreven a anunciar su llegada en campañas de buzoneo que dejan perdidos de papeles los vestíbulos de los edificios. "El ayuntamiento de Palma le comunica que si en el plazo de tres meses no pasa la Inspección Técnica de Edificios puede ser multado con 7.000 euros". ¿Y cómo puedo pasar esa inspección? El timador es la respuesta, solo que una vez haya conseguido cobrar el servicio o una parte de éste, desaparecerá como si nunca hubiera existido y sin realizar el trabajo pactado.

El impacto de este tipo de estafas, que se produccen con reiteración cada año, se resuelve con campañas informativas, explicando al ciudadano qué es la Inspección Técnica de Edificios, por qué es importante realizarla, qué empresas autorizadas la ejecutan, cuándo hay que encargarla, cuánto cuesta o qué debe pagar por ella cada propietario en una finca de vecinos. Pero cada año nos encontramos que en este asunto el Ayuntamiento se desentiende completamente del ciudadano hasta la hora de cobrar, que en este caso es la hora de multarle por no haber pasado la inspección en la fecha acordada. 3.000 edificios multados a 600 euros por vivienda es un bote nada despreciable para las arcas municipales.