El ayuntamiento de Palma y sus ciudadanos pueden respirar tranquilos. El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a Cort un escrito en el que se pone de manifiesto que el Gobierno central no tiene intención de reclamar la reversión de la propiedad del bosque y del castillo de Bellver.

Se aleja de esta forma el "fantasma" de una posible reclamación de ambas propiedades cedidas al ayuntamiento de Palma en 1931 por una ley de la II República por parte de la Administración central en el caso de que el Ayuntamiento hubiera incumplido uno de los compromisos del acuerdo de cesión consistente en la prohibición de que tanto el castillo como el bosque no pueden "ser arrendados ni utilizados para ningún fin lucrativo".

Este artículo de la ley firmada por el entonces presidente de la II República, Niceto Alcalá Zamora, podría haber sido incumplido por el Ayuntamiento al fijar este año tarifas de alquiler de distintas dependencias del castillo con precios que oscilan entre los 400 euros diarios en el caso de la capilla o los 2.500 si se arrienda por un día el patio de armas.

Si bien el equipo de gobierno, en palabras del teniente de alcalde de Hacienda, Julio Martínez, estaba convencido de que, con la aprobación de estas nuevas tarifas no se incumplía el acuerdo de cesión, se quiso realizar una consulta al ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas con el fin de borrar cualquier atisbo de duda al respecto.

Fruto de esta consulta ha sido la respuesta remitida al alcalde de la ciudad, Mateo Isern, en la que el director del gabinete del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Felipe Martínez Rico, indica que "examinada la documentación remitida por los servicios patrimoniales de este Ministerio, se considera que las medidas adoptadas por el ayuntamiento de Palma de Mallorca, son adecuadas para la administración y gestión del bien público y no contradicen las previsiones de la Ley 9 de septiembre de 1931".

Esta ley establece la cesión al ayuntamiento de Palma del bosque y del castillo de Bellver, una reivindicación histórica de la ciudad. Estos bienes fueron cedidos al consistorio para que fueran destinados a "parque municipal y museo de arte antiguo", dejando claro en su artículo número tres que "los gastos de todas clases que originen la administración y conservación de las fincas objeto de la cesión, serán a cuenta de la Administración municipal". La ley, rubricada también por el entonces ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, indica asimismo que los citados bienes "no podrán ser arrendados ni utilizados para ningún fin lucrativo" y, en el caso de que esta premisa no se cumpla, "revertirán al Estado si no fueran aplicados a los fines para que son expresamente cedidos". Con la resolución del Ministerio queda despejada la duda suscitada por la aprobación por Cort de las nuevas tarifas a aplicar en el castillo, por las cuáles se permite el arrendamiento temporal de determinadas dependencias.

Con anterioridad, sólo se cobraba la entrada por la visita al monumento. Poco antes de la ley que cede el castillo y el bosque a Cort, el edificio había sido declarado monumento histórico artístico, lo que implica, entre otras cosas, que debe permanecer abierto al menos una vez a la semana de forma gratuita.