Las empresas que suministran animales al matadero de Carn Illa para su sacrificio temen que se produzca el desabastecimiento de carne en la ciudad, en especial en los puestos de los mercados municipales, como consecuencia del cierre de las instalaciones anunciado por el Govern para el próximo viernes.

Las empresas abastecedoras recibieron con preocupación la comunicación remitida el pasado jueves por parte del gerente de Carn Illa, Joan Sastre, informándoles de que el cese de la actividad en las instalaciones que gestiona esta sociedad con capital mixto –el Govern a través de Semilla, el ayuntamiento de Palma y Piema– se produciría el próximo viernes, día 27, y que antes del día 10 de mayo las instalaciones deben ser desalojadas por parte de las empresas abastecedoras.

De esta forma, la matanza que ahora se realizaba en el matadero de Mercapalma se deberá canalizar a las instalaciones existentes en Felanitx, Manacor e Inca, cuya capacidad de absorción es puesta en duda por los abastecedores.

Asimismo, la decisión afecta a 26 matarifes, además de a otras ocho o diez personas que realizan trabajos administrativos y de mantenimiento, el personal de Carn Illa –empresa que está en proceso de disolución– y "a entre 8 y 10" empresas abastecedoras– que eran usuarias de estas instalaciones y que ahora deberán desviar su actividad a los mataderos aún abiertos.

Carn Illa se creó expresamente en 2000 con el fin de hacerse cargo de la gestión de las instalaciones del matadero municipal construido en el recinto de Mercapalma. Prodisma, la empresa participada mayoritariamente por el grupo Fontanet, decidió echar la toalla por no poder hacer frente a la sangría de pérdidas acumuladas que, en aquel momento, ya superaban los 3 millones de euros (500 millones de pesetas).

Carn Illa se constituyó para que las instalaciones no cerraran sus puertas porque se consideró que su mantenimiento era imprescindible para asegurar la supervivencia de la cabaña ganadera de Mallorca. El Govern, a través de Semilla, se hizo con el 49,5 por ciento de las acciones, el ayuntamiento de Palma el 26,5 por ciento, Piema el 9,8%, Camp Mallorquí el 7,28 % y Mercapalma, el 6,89 %.

A nivel empresarial la situación no mejoró con la nueva gestión, hasta el punto de que el año pasado la explotación acumuló un resultado negativo de 864.000 euros, hecho que situaba a la empresa "en proceso de disolución técnica". Cort anunció su abandono y en enero de este año se aprobó una aportacion de 421.ooo euros para la disolución de la sociedad.