El Parlament balear ha admitido hoy a trámite una modificación de la Ley de Capitalidad propuesta por el Ayuntamiento de Palma que contempla la sustitución del nombre oficial de la ciudad por el de Palma de Mallorca.

El propio alcalde de la capital balear, Mateo Isern (PP), ha defendido en el pleno de la Cámara autonómica que el cambio obedece al deseo de promover su "mayor y mejor identificación" fuera del ámbito geográfico propio, ya que en las islas la "denominación más popular" es Palma, ha admitido.

La oposición ha votado en contra de tramitar la modificación legislativa y ha negado que exista cualquier justificación histórica para denominar oficialmente a la ciudad Palma de Mallorca, una decisión que han tildado de "afirmación de provincianismo".

La proposición de ley, aprobada con los 33 votos favorables del grupo popular, también contempla la eliminación de la supervisión de la política urbanística municipal por parte del Consell de Mallorca, establecida en la Ley de Capitalidad a partir de su reforma en 2008.

El alcalde Isern, que ha dedicado al cambio de nombre una mínima parte de su discurso, ha incidido en que "Palma, Palma de Mallorca y Ciutat son nombres que designan por igual a la capital de Mallorca", pero que tanto en el conjunto de España como fuera del país la ciudad suele ser nombrada con el topónimo que ahora el consistorio quiere oficializar.

El diputado del PP Oscar Fidalgo ha respaldado este planteamiento agregando que el cambio de nombre es "una cuestión administrativa", aunque también la ha defendido con argumentos históricos y ha atribuido a intereses "nacionalistas" la consolidación legal del topónimo Palma.

En nombre del PSIB, el diputado Jaume Carbonero ha subrayado que tanto los expertos en toponimia como la gran mayoría de los textos legales en vigor, desde el Estatuto de Autonomía al reglamento del propio Parlament, recogen Palma como nombre oficial de la capital.

"No hay ninguna razón histórica ni científica" que avale un cambio de denominación que es tan desacertado como el que supuso que el paseo que todos los palmesanos conocen como Rambla se rebautizase como la Rambla de los Duques de Palma de Mallorca, ha expuesto.

El diputado del PSM-IV-ExM Antoni Alorda, para quien la medida tiene un trasfondo de sumisión colonial, ha preguntado con sarcasmo a Isern: "¿Los palmademallorquines tienen que poner el nombre a su ciudad pensando en los de fuera?".

"El nombre es importante, Kunta Kinte lo sabía y su amo también" ha dicho, en referencia al esclavo protagonista de "Raíces", el parlamentario nacionalista, que ha defendido con argumentos históricos y legales el nombre "bimilenario" de la ciudad y ha dicho que intentar cambiarlo es "otro episodio de la castellanización" de Baleares que impulsa el PP.

El alcalde de Palma ha centrado su discurso en la reforma legal que dotará de mayor independencia urbanística a la corporación municipal, permitiéndole aprobar su plan general sin la necesidad de la autorización del Consell de Mallorca, como planteaba la Ley de Capitalidad de 2006 antes de su modificación en 2008.

"En la anterior legislatura se decidió tutelar las capacidades urbanísticas del Ayuntamiento" y ello encorseta la actuación de un municipio que, ha recordado, es el octavo mayor de España con unos 420.000 habitantes.

Como ejemplo ha recordado que la capital tiene pendiente de aprobación desde hace seis años el plan general de ordenación urbana adaptado al plan territorial de Mallorca.

El socialista Carbonero ha asegurado que si ese plan general no se aprueba es porque supera los límites máximos de edificabilidad establecidos en la normativa insular y ha afirmado que, de aprobarse la modificación, Palma será el único municipio de España con la prerrogativa de aprobar su ordenación urbanística sin el control vinculante de una administración de carácter autonómico.

Entre los invitados que han asistido al debate en el pleno del Parlament se encontraban el delegado del Gobierno y antiguo edil en Palma, José María Rodríguez, y la anterior alcaldesa socialista, Aina Calvo.