El trabajador de Emaya José Lanciano inició el pasado sábado una huelga de hambre para denunciar el acoso laboral que sufren los trabajadores de esta empresa pública. Desde entonces sólo toma líquidos y asegura que seguirá así hasta el próximo domingo y si la dirección de la empresa no adopta medidas “radicalizará” su postura. Lleva más de veinte años en la empresa como peón especialista y señala que no se moverá de la puerta de las oficinas de la calle Joan Maragall hasta que se solucionen la presión, el acoso y la discriminación que padecen una docena de empleados desde hace años. Según Lanciano, los trabajadores han hablado con la dirección pero no se ha traducido en soluciones.
Esta protesta se une a la de su compañero Miguel Romero, miembro del Comité de Empresa y Delegado de Prevención, que hace una semana se encadenó a uno de los pilares de las instalaciones centrales de la empresa de limpieza y alcantarillado para reclamar soluciones. La previsión es que continúe allí junto a Lanciano.
Trato discriminatorio
En un comunicado el sindicato UGT señaló que es el momento de terminar con el trato discriminatorio, la ausencia de criterios profesionales, el mantenimiento de jefaturas basados en premiar o castigar por razones de afinidad personal o de grupo y la degradación del clima laboral. Recordó que algunas de estas situaciones han conllevado condenas judiciales y costes económicos para la empresa al tener que pagar indemnizaciones a trabajadores por situaciones de acoso.
El delegado sindical de Medio Ambiente de UGT, Jesús Fernández, afirmó ayer que los casos de acoso más habituales son la realización de cambios de turnos sin consultar al empleado o malos tratos. “No reivindicamos un aumento salarial sino acabar con la discriminación. En el nuevo convenio colectivo hemos cedido en el tema de las vacaciones, que ahora se reparten entre la temporada alta y baja y la congelación salarial”, indicó Fernández. En el nuevo documento firmado entre la dirección de la empresa y el comité a principios de enero se incluía el reparto de las vacaciones a lo largo de los doce meses del año y no concentradas entre abril a septiembre como sucedía hasta ahora.
Los promotores de la protesta explican que la dirección sólo ha aplicado medidas burocráticas siguiendo un protocolo que no han resultado adecuadas porque no se ha producido una participación social y real de los trabajadores.
