El equipo de gobierno de Mateo Isern ha hecho caso omiso a los expertos de la Universitat de les Illes Balears, historiadores y al propio archivero municipal y aprobó ayer instar al Parlament a cambiar el nombre oficial de la ciudad por el de Palma de Mallorca.

No hubo ninguna intervención a favor ni en contra sobre esta cuestión por parte de la sociedad civil, exceptuando la de Pere Felip. El histórico dirigente vecinal de Santa Catalina defendió acaloradamente el mantenimiento de Palma a secas como denominación oficial de la ciudad. La ausencia de más intervenciones fue una prueba más de lo poco que interesa esta cuestión a la ciudadanía, aunque desate pasiones dialécticas entre los contendientes, cada vez que se suscita.

Quien sí defendió a capa y espada el mantenimiento del nombre actual y manifestó su oposición “radical y rotunda” al cambio, fue el portavoz del grupo municipal del PSM-IV-ExM, Antoni Verger.

Para el representante de los econacionalistas, el equipo de gobierno se ha saltado el procedimiento legal para el cambio del nombre, puesto que primero se debería haber dirigido al Govern y, posteriormente, remitir al Parlament el acuerdo para hacer lo propio en el texto de la Ley de Capitalidad.

Además, advirtió que, en el caso de que finalmente el cambio de nombre prospere, se deberá también cambiar el Estatut, puesto que esta norma, que tiene rango de ley orgánica y está por encima de la Ley de Capitalidad, consagra Palma como nombre de la ciudad.

Si bien la portavoz del grupo municipal del PSOE y exalcaldesa de Palma, Aina Calvo, no intervino en el pleno sobre esta cuestión, criticó la medida y manifestó que dice mucho de los actuales responsables de Cort el hecho de que, “con la que está cayendo, sea la principal decisión del gobierno municipal”.

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