El despido improcedente de 30 trabajadores anunciado por el Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF) costará a este organismo dependiente del ayuntamiento de Palma 530.557 euros, según se desprende de la documentación que sus responsables aportarán a la junta rectora que se celebrará hoy.
La concejala del grupo municipal del PSM-IV-ExM, Marisol Fernández, manifestó su más rotundo rechazo a la medida por cuanto se trata de unos despidos que el propio organismo acepta que son improcedentes y que afectan a trabajadores con un perfil –son orientadores laborales– necesario en unos momentos de dificultad económica como el que se está atravesando.
Por otra parte, también puso de manifiesto la "incongruencia" que supone el hecho de que el mismo día en que el Servei d´Ocupació de les Illes Balears (SOIB) renueva la autorización al IMFOF para ejercer como agencia de colocación, se produzcan los despidos de estos profesionales.
Se trata de personas que disponen de un contrato fijo puesto que en la mayoría de los casos han estado trabajando para el IMFOF desde prácticamente su fundación. Así pues no se trata de empleados que trabajan en este organismo municipal desde la pasada legislatura, de ahí las elevadas indemnizaciones. Además, la mayoría ellos se encontraban en una situación laboral irregular, porque habían sido contratados por obras y servicios, para ejecutar proyectos concretos, encadenando durante más de dos años este tipo de relación laboral. Por ello unos ochenta trabajadores del IMFOF tenían derecho a un contrato indefinido, situación que se regularizó en el pasado mandato, cuando el exteniente de alcalde Eberhard Grosske asumió la presidencia de este organismo después de la expulsión de UM del equipo de gobierno.
La actual presidenta del IMFOF y concejala de Comercio, Juventud y Trabajo, Esperanza Crespí, justifica el despido por cuanto estos trabajadores estaban ligados a dos proyectos de orientación laboral financiados por el SOIB, sin que el dinero haya sido remitido a Cort. Aduce que la deuda del organismo dependiente del Govern al municipal ya supera los cinco millones, y que se trata de una situación insostenible.
En el mismo consejo rector, que es el primero que se realiza desde el inicio del actual mandato, se prevé aprobar la excedencia del actual teniente de alcalde de Infraestructuras, Sebastià Sansó, con efectos desde el pasado día 11 de junio por ocupar un cargo de responsabilidad política. Sansó es técnico superior del IMFOF.
Asimismo, se prevé aprobar un acuerdo de colaboración con la patronal CAEB con el fin de desarrollar un proyecto de movilidad estudiantil valorado en 6.500 euros. Se concederán becas por un importe semanal de 24,70 euros, que pueden alcanzar un máximo de 221 semanas. Por otra parte, el sindicato CCOO manifestó ayer su malestar por la pérdida de la condición de vocales de los representantes de los agentes sociales y económicos en el consejo rector del IMFOF. El secretario de comunicación y ocupación de este sindicato, Francesc Mellado, lamentó que la decisión haya sido adoptada de forma unilateral por el equipo de gobierno, sin consultar a sindicatos ni empresarios.
