­ "Os pido un poco de paciencia y comprensión porque este año será el peor y deberemos hacer ajustes brutales", manifestó ayer el alcalde, Mateo Isern, ante una nutrida representación de vecinos y hoteleros de la Platja de Palma.

Justificó los recortes realizados y los que van a aprobarse por la herencia recibida del anterior equipo de gobierno puesto "que nos hemos encontrado con un presupuesto gastado en un 80 por ciento", de ahí las "decisiones complicadas" que han tenido que adoptar recortando en algunos casos servicios o programas, por no disponer de la financiación prevista, como en el caso del Servei d´Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Aseguró "entender" el malestar existente entre vecinos, empresarios y hoteleros: "Hace cuatro meses, yo era como ustedes y estaba profundamente indignado con la situación". De ella responsabilizó Isern "a los políticos".

Lanzó un mensaje de esperanza y aseguró que la situación comenzará a normalizarse "a partir de 2013", pero insistió que "necesitamos que los políticos nos digan la verdad". Si bien al finalizar el acto la máxima autoridad municipal declinó dar explicaciones sobre la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aprobada inicialmente entre un 6 y un 12 por ciento, al igual que la del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del 6%, con posterioridad, pidió disculpas por el incremento del segundo, algo que "no estaba previsto en el programa electoral".

Insistió en que su equipo ha cumplido con las promesas lanzadas en campaña en relación a la subida de la contribución y recordó que, de las 40 tasas e impuestos, "sólo se incrementan dos", con un aumento medio de menos del 3%. Es más, afirmó que, en realidad, "hemos conseguido subir a las viviendas sólo la mitad del porcentaje que estábamos obligados por el plan de saneamiento aprobado por Aina Calvo". Explicó que se ha decidido subir el IAE, "que sólo afecta a las empresas con una facturación superior a un millón de euros", con el fin de "atemperar" el incremento del IBI a la mayoría de contribuyentes.

Tanto la exalcaldesa, Aina Calvo, como el exteniente de alcalde de Hacienda, Andreu Alcover, reiteraron que el plan de saneamiento aprobado en 2009 para justificar la formalización de un préstamo de 40 millones no es de obligado cumplimiento, algo que Isern rechazó poniendo sobre la mesa los requerimientos recibidos tanto del tribunal de Cuentas como del ministerio de Economía y Hacienda.