Los trabajadores municipales no están por la labor de dar su conformidad al plan de Mateo Isern para ahorrar cinco millones de euros anuales en gastos de personal sin disponer del estudio económico que justifique la adopción de estas medidas extraordinarias por las que se aplazan dos años acuerdos salariales y laborales suscritos en el convenio colectivo.

Los representantes de los principales sindicatos presentes en la junta de personal del ayuntamiento de Palma trasladarán hoy a la teniente de alcalde de la Función Pública, Irene San Gil, su agradecimiento por el talante negociador demostrado hasta el momento.

No obstante, al margen de que no van a aceptar ningún recorte sin antes disponer del estudio económico financiero, rechazarán todas aquellas medidas que afecten al capítulo de gastos de personal o que modifique de forma unilateral las condiciones de trabajo. En el citado documento de propuestas que les trasladaron el lunes se afirma que ha sido emitido el día 30 del pasado mes de diciembre.

La representante del sindicato UGT, Toñi Tovar, reclamará también que se aclare qué va a pasar con el personal interino, tanto el que está en plantilla, como el sujeto a la ejecución de programas concretos.

Criticó asimismo que en el documento se incluyan una serie de medidas que ya están acordadas y que son de aplicación, como el control de las horas extraordinarias, el absentismo laboral o la obligación de que el personal lleve la tarjeta identificativa.

Una de las cuestiones más espinosas es la relativa a la supresión de los solapamientos en el cuerpo de bomberos y la referente a la rebaja del complemento de productividad pactado. En este último punto, Tovar recuerda que en el caso de la Policía Local supondría un "ahorro" de 400.000 euros, mientras que los funcionarios se verían afectados por una disminución en sus emolumentos de 150.000 euros.

Pedro Castro, del sindicato CCOO, afirmó que, después de 18 meses en que los funcionarios han sufrido constantes recortes, "cuesta mucho pedirles que se aprieten más el cinturón".

Tras una asamblea realizada ayer en las dependencias de Son Pacs, el sentimiento mayoritario de los trabajadores municipales, según este sindicalista es la "desconfianza", puesto que se preguntan quién les garantiza que dentro de dos años se les abone las cantidades que ahora se aplazan. Además, recordó, la Ley prioriza que en el caso de dificultades en el pago de gastos, las retribuciones del personal tienen prioridad sobre otros.

Este sindicato no irá con las manos vacías a la reunión de hoy y presentará una batería de propuestas –más de un centenar– para recortar gastos que no afecten al capítulo uno. Entre las propuestas incluyen los tres millones anuales que se destinan al pago de los teléfonos móviles corporativos, la supresión de las contratas de servicios técnicos externos, la venta de patrimonio como el edificio de la EMT del polígono de Son Castelló, un mayor control en el gasto de carburantes o en la adjudicación de obras a empresas externas para trabajos de mantenimiento e infraestructuras.

Para la representante del STEI, Caty Cortada, se debe suprimir en el documento de medidas todas aquellas de carácter disciplinario que ya están reguladas. Además de exigir que se les justifique la situación de "especial dificultad" alegada, les pedirá "qué sacrifcios están dispuestos a hacer los políticos", tales como si seguirán consumiendo botellines de agua en lugar de suministrarse de las fuentes.

Por último, Miguel A. León, del Sindicato Profesional de las Policías Municipales de España (SPPME) rechazó la liberalización horaria de los policías y la supresión del solapamiento de los bomberos. Manifiestó asimismo que, ante la reunión de hoy, están "expectantes".