La piqueta ya ha hecho su aparición en un edificio de la barriada de Santa Catalina que la organización proteccionista Arca considera que tiene suficiente entidad para que sea protegido.

Y lo más grave de esta cuestión, según la portavoz de esta entidad, Àngels Fermoselle, es que no sólo reconocen el valor patrimonial del inmueble ellos, sino que hay dos informes del Consell de Mallorca que así lo afirman, además de la resolución de la comisión del Centro Histórico de Palma. En este último caso, la incongruencia es aún mayor, en opinión de Fermoselle, puesto que tras reconocer el valor patrimonial del inmueble, los integrantes políticos de la citada comisión –no los representantes de las entidades– acordaron no iniciar el expediente para su inclusión en el catálogo de elementos a proteger.

Por todo ello, los representantes de Arca manifestaron ayer, ante el inmueble que comenzaba a ser pasto de la piqueta interiormente, su "indignación por el menosprecio al patrimonio en pleno siglo XXI", que supone permitir la demolición de este inmueble situado en la esquina de la avenida Argentina con la calle Aníbal, pese a que la suspensión de la licencia de demolición ordenada por el Consell no finalizaba hasta el próximo día 10 de agosto, según la entidad conservacionista.

De esta forma, la barriada de Santa Catalina perderá uno de sus edificios más emblemáticos y visibles, ya que está ubicado en uno de los accesos al barrio, tal como señalan desde Arca, "y será sustituido por otro de nueva planta que destruirá el conjunto armónico actual".

Lamentan que ni los actuales gestores municipales ni los anteriores hayan querido hacer "ningún esfuerzo ni tan solo para salvar la fachada".

Fuentes municipales indicaron que la suspensión de la licencia de demolición, ordenada por el Consell el 10 de mayo de 2010, fue levantada por esta Administración el pasado 29 de junio, en una resolución en la que, además, se insta al Ayuntamiento a incluir el edificio en el Catálogo municipal. Un acuerdo que no fue tenido en cuenta por la comisión del Centro Histórico del pasado día 7 de julio, que dictaminó que no debía incluirse en el Catálogo, con el voto en contra de los representantes de las entidades.

La cuenta atrás para la desaparición de este inmueble se inicia hace una década, cuando después de una larga tramitación del expediente de ruina y múltiples informes contradictorios, tanto municipales como privados, el proceso finaliza en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que declara que el inmueble se encuentra en situación de "ruina económica".

"Nadie defendió el valor patrimonial del edificio", se queja Àngels Fermoselle, para quien, si se hubiera puesto en una balanza el activo del valor histórico del inmueble, "la diferencia entre el valor del edificio y el coste de su rehabilitación hubiera sido positiva a favor de la primera variable y no hubiera dado lugar a la ruina económica".

Tras la sentencia del Alto Tribunal la gerencia de Urbanismo de Cort concedió la licencia de demolición el 25 de junio del año pasado. En febrero de este año se ha presentado la licencia de nueva edificación, que no fue informada favorablemente y se le señalaron una serie de deficiencias técnicas a subsanar.