El nuevo concesionario de la explotación y gestión del Palacio de Congresos y el hotel anexo deberá aportar a la obra "entre 30 y 40 millones" en concepto de canon anual con el fin de asegurar la financiación del complejo.

Ochenta de los 120 millones que cuesta la infraestructura, incluyendo el equipamiento tanto del hotel como del palacio, son aportados por distintas administraciones públicas. La diferencia entre la financiación pública y el coste total de la inversión llave en mano, se prevé que sea aportada por el nuevo o nuevos gestores del palacio y del hotel.

Esta situación, en principio, no ha cambiado sustancialmente en relación a la previsión existente con el anterior gobierno del Pacto, aunque sí se puede adelantar la formalización de un préstamo de 30 millones por parte de la empresa constructora Acciona, que sería avalado por el ayuntamiento de Palma con el fin de conseguir liquidez.

Inicialmente, si bien la cuestión urbanística del solar en el que se levanta el palacio y el hotel no estaba clara, puesto que los gestores del PP habían adjudicado en 2007 la construcción de la mitad del establecimiento en un solar que no era de propiedad municipal, no había dudas en cuanto a la financiación, o al menos las empresas que obtuvieron el concurso para la construcción y gestión del palacio y el hotel, lideradas por el Grupo Barceló, no las tenían.

Tal como se estipulaba en el contrato, 30 de los 120 millones eran aportados a partes iguales por el ayuntamiento de Palma y el Govern, mientras que el resto (90 millones) corría a cargo del concesionario, a cambio de la gestión del complejo durante 40 años sin pagar ningún canon ni contraprestación.

La sociedad creada por el Grupo Barceló para gestionar el complejo había "apalabrado" con varias entidades bancarias antes de que se produjera su salida del proyecto, la financiación de varios préstamos por un importe de 58 millones. Con esta cantidad, más los 30 millones aportados por las administraciones, Barceló cubría los 92 millones del coste de la obra civil.

La salida del grupo hotelero del proyecto y su renuncia a la gestión del complejo en los próximos 40 años obligó a cambiar los planes de financiación por parte de los anteriores gestores del Govern y del Ayuntamiento. Inicialmente, se intentó que una empresa o un grupo de empresas se hiciera con la totalidad de las acciones que Barceló tenía en la sociedad del Palacio de Congresos, sin conseguirlo. Si la anterior situación se hubiera dado, la solución era relativamente sencilla: la nueva empresa se habría subrogado los derechos y deberes de Barceló en el complejo, incluyendo la explotación y gestión por 40 años.

No se encontró a nadie dispuesto a ello, por lo que el Ayuntamiento y el Govern optaron por aportar cincuenta millones públicos más a la obra.

De esta forma, el pasado mes de febrero, cuando se formalizó la salida del grupo Barceló, la financiación quedó de la siguiente forma: 30 millones iniciales ya aportados por el Govern y el Ayuntamiento, a los que hay que sumar otros 20 procedentes de los fondos estatutarios correspondientes a 2010, que ya han llegado pero el Govern de Antich los destinó al pago de otras cuestiones consideradas más urgentes.

A la suma anterior de 50 millones hay que añadir, además, otros 30 millones que deben ser aportados también por el Gobierno central a cuenta de los fondos estatutarios de 2011. Ya se dijo en aquel momento que estos últimos 30 millones no se harían efectivos hasta al menos noviembre del presente año.

Paralelamente, la sociedad Palacio de Congresos S. A. ­–integrada a partes iguales por Cort y el Govern– debía redactar un pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión del complejo a cambio de un canon anual. De esta forma, el nuevo concesionario, debía hacerse cargo de la financiación del resto de la obra, lo que suponía una aportación de entre 30 y 40 millones. En previsión de que en algún momento se produjera una situación de falta de liquidez, el Ayuntamiento autorizó avalar un préstamo de un máximo de 30 millones.