La portavoz del Govern balear y consellera de Trabajo y Turismo, Joana Barceló, ha expresado hoy su confianza en que el proyecto de reforma de Playa de Palma que obtenga el "gran acuerdo político" que se buscará para el 30 diciembre, será el mismo que se apruebe tras las elecciones de 2011, gobierne quien gobierne.

La consellera ha subrayado que "precisamente" se ha fijado una fecha antes de que empiece incluso la campaña electoral para cerrar ese acuerdo en torno al plan de reforma turística de la Playa de Palma con todas las fuerzas políticas, para dejar así fuera del proceso electoral un proyecto "emblemático".

"Estoy convencida de que todos los partidos políticos estaremos a la altura para resolver este proceso", ha manifestado Barceló, para incidir en que si hay un compromiso firme de todos el 30 de diciembre sobre un proyecto, el que luego se apruebe no debería ser diferente del acordado.

Barceló ha asegurado que el hecho de que el proyecto -que el consorcio calculaba tener aprobado provisionalmente a finales de este año- no se pueda aprobar antes de los comicios electorales de mayo no significa que no se quieran tomar decisiones y que, por ello, todas las decisiones se tomarán el 30 de diciembre.

El retraso en la aprobación, ha aclarado, lo obliga el proceso administrativo, que -ha señalado- seguirá los ritmos que marcan las leyes y los trámites necesarios "para que tenga todas las garantías jurídicas" y todos los afectados (vecinos, entidades y asociaciones) estén correctamente informados de todo lo que implica el proyecto.

Respecto al período de exposición pública actual, Barceló ha invitado a los afectados a acudir al Consorcio "al cualquier hora" para informarse de todo lo que precisen en estos días que quedan hasta el final del plazo (6 de octubre), pues el Consorcio "está a su plena disposición", ha recalcado.

Así, Barceló ha insistido en lo dicho por el presidente Francesc Antich esta misma semana: la exposición pública se terminará el 6 de octubre para todos; lo que se ampliará será el plazo para que los ayuntamientos presentes sus informes vinculantes, para que antes de hacerlos lean todas las alegaciones.

Los ayuntamientos, por tanto, tendrán hasta el 9 de diciembre para evaluar el actual proyecto que, ha adelantado Barceló, sufrirá "grandes modificaciones", que se determinarán en el "gran acuerdo político" del 30 de diciembre.

Lo acordado entre los partidos, basándose en los informes de los ayuntamientos y éstos a su vez en las alegaciones de los afectados, se entregará al Consorcio de la Playa de Palma, para que lo plasme en nuevos planos. Los cambios obligarán a exponerlo de nuevo al público -como indica la ley- y ha recoger nuevas alegaciones.

No obstante, la idea del Govern es que ese proyecto no sufra cambios, pues será el que tenga el consenso de todos.

Para lograr ese consenso, Barceló ha remarcado que quedan cuatro meses en los que se trabajará "sin descanso".

"Es un reto hacerlo antes, para que quede fuera del proceso electoral. Y si se llega a un acuerdo, yo creeré en ese compromiso", ha aseverado.