Cort demanda judicialmente a 8 compañías de telefonía móvil por cláusulas abusivas

JOSEP CAPÓ. PALMA. Lo prometido es deuda. La teniente de alcalde del ayuntamiento de Palma Joana Maria Borràs se comprometió hace un año a denunciar judicialmente a las compañías de telefonía móvil que incluyeran en sus contratos cláusulas abusivas. Ayer, de la mano de asociaciones de consumidores y de la Federació Palmesana d´Entitats Ciutadanes (Fepae), cumplió.
El Institut Municipal de Protecció del Consumidor (IMPC) que preside presentó ayer ante el juzgado de lo mercantil una demanda contra ocho compañías de telefonía móvil. Se trata de la primera reclamación judicial que interpone una administración municipal y que, en caso de prosperar, puede beneficiar a los cincuenta millones de abonados a estas compañías que hay en España, lo que supone más del 90% de los consumidores de telefonía móvil.
La demanda se interpone después de que hace un año el Institut reclamara a las empresas ahora denunciadas que suprimieran las cláusulas abusivas incluidas en sus respectivos contratos. Según la teniente de alcalde todas, excepto Movistar, contestaron al requerimiento municipal y modificaron alguna de las cláusulas indicadas. No obstante, un posterior análisis de los contratos en vigor ha puesto de manifiesto que todas mantienen condiciones abusivas.
En concreto, según indicaron Carlos Hernández e Isabel Martorell que, como letrados, han redactado el texto definitivo depositado ayer ante el juzgado de lo mercantil de Palma, las ocho compañías denunciadas mantienen un total de 12 cláusulas que consideran gravosas y abusivas para los consumidores.
Se han detectado irregularidades en los contratos de Telefónica Móviles España (Movistar), France Telecom España (Orange), Vodafone España, Esfera Móviles, CPN Spein (Simio), RAC Móviles S. L, Más Móvil Telecom y Carrefour Online. La teniente de alcalde destacó que el instituto municipal está dispuesto a retirar en cualquier momento la demanda judicial en el instante en que las compañías eliminen de sus contratos las clausulas consideradas abusivas. También animó a la "fiscalía y a otras administraciones" con competencias en materia de Consumo a que se sumen a la demanda o que interpongan reclamaciones similares ante el juzgado.

Competencia municipal

Al igual que el gerente del IMPC, Xavier Pascuet, la teniente de alcalde, Joana Maria Borràs, defendió la competencia plena municipal para actuar judicialmente en defensa de los consumidores. Abundando en esta cuestión, Carlos Hernández, de la Asociación de Consumidores de las Islas Baleares (ACUIB), manifestó que la cuestión de posible incompetencia municipal, que probablemente alegarán las compañías demandadas ante el juez, no tendrá efecto por varios motivos.
El hecho de que se hayan adherido a la reclamación municipal las asociaciones de consumidores hará que el tribunal deba pronunciarse sobre las cláusulas que se consideran abusivas. Asimismo, la jurisprudencia europea avala que un juez pueda pronunciarse de oficio. Se prevé que en un período de entre seis y nueve meses ya se tenga un pronunciamiento judicial en relación a las reclamaciones contenidas en el escrito presentado ayer ante el juzgado.
La teniente de alcalde destacó que la acción emprendida por el instituto municipal va encaminada a la defensa de los consumidores, entendiendo como tales también al tejido empresarial, grandes usuarios de telefonía móvil.
Tal como explicó Isabel Martorell, que ha participado en la redacción de la demanda como jurista, todas las empresas incluyen en sus contratos un total de doce cláusulas que incumplen otros tantos derechos de los consumidores.