MIGUEL VICENS
Los arquitectos no hacen milagros, ni siquiera los arquitectos estrella. Pero alguien debería poder exigirles que conocieran un poco más el terreno que pisan antes de tomar decisiones irreversibles, que hablaran, que se documentaran, que conjugaran en sus proyectos las necesidades urbanísticas de los planes de reforma que manejan con las demandas de los ciudadanos, sin sobrecostes insensatos, sin desproporciones. Al fin y al cabo, la arquitectura no debería tener otra aspiración que la de servir al ciudadano y ser útil al interés general de la comunidad. Y eso es precisamente lo que, por mala gestión política, ha faltado hasta ahora en el proyecto de reforma de la Playa de Palma, donde cada día es una nueva sorpresa y el ciudadano no ha gozado del turno de réplica hasta el periodo de alegaciones, hasta los minutos de la basura, cuando ha descubierto horrorizado que su casa desaparecía enterrada bajo un bulevar o una zona reconvertida. Entonces, no le ha quedado otro remedio que echarse a la calle, organizarse y ponerse en manos de abogados dispuestos a recurrir hasta el color de las señales de tráfico para mayor fortuna de sus bolsillos. La necesidad de la reforma nadie o casi nadie la discute, pero el modo tan torpe con el que se ha presentado amenaza ya con paralizar su principal objetivo.