Óscar Collado, el que fuera durante años gerente y factótum de la funeraria municipal de Palma (EFM), y Marina Sans, ex regidora de Pompas Fúnebres y actual edil del PP, serán juzgados por un presunto agujero de más de 2,3 millones de euros en dicha empresa pública, tras el auto de apertura de juicio oral (pase a procedimiento abreviado) dictado ayer por el juez Manuel Penalva. El magistrado incluye en su resolución un elevado número de delitos y encausa a tres proveedores de la EFM y a Francisca Moll, la esposa de Collado, a la que imputa receptación, blanqueo de capitales y complicidad en los hechos atribuidos a su marido.
El auto del juez Penalva es demoledor contra Óscar Collado, que se halla en libertad con fianza y que es defendido por José Ignacio Herrero. El instructor atribuye al ex gerente de la EFM los siguientes delitos: falsedad documental; coacciones; amenazas; exacciones ilegales; prevaricación; fraudes ilegales; cohecho; y malversación de caudales.
Ahora el fiscal anticorrupción tendrá que redactar su escrito de acusación contra los siete imputados y concretar los delitos por los que van a ser juzgados y las penas que reclama para ellos. En el caso de Collado la petición de condena podría ser de muchísimos años de cárcel. El juez atribuye a Marina Sans, defendida por Rafael Perera, un delito continuado de malversación de caudales públicos, que está castigado con varios años de privación de libertad.
Según el auto, los imputados, cada uno en un distinto grado de responsabilidad, contribuyeron a que la funeraria municipal sufriera pérdidas, multas, sobrecostes, gastos superfluos en viajes y comidas en restaurantes de lujo (una de 4.800 euros en un local y atribuida a Sans) y otros quebrantos por más de 2,3 millones de euros.
En ese agujero son capítulos destacados los de 635.000 y 748.000 euros perdidos por pagar ataúdes y otro material a precios muy superiores a los de mercado; los 210.000 y 340.000 euros gastados en 9 años en comidas y viajes "innecesarios"; y los 500.000 euros de multa que abonó el Ayuntamiento por las prácticas restrictivas a la libre competencia, auspiciadas por Collado.
El auto relata de manera detallada cómo algunos de los proveedores de la EFM, entre ellos Wenceslao Lamas y Ramón Chao, ambos suministradores de material funerario, y los constructores Esteban Serret y Juan Perelló, supuestamente, se conchabaron con Collado para inflar precios, conseguir contratos y pagar sobornos a cambio de esas adjudicaciones.
A Lamas se le imputa un delito de fraude ilegal, que habría causado a la funeraria de Cort pérdidas de 198.000 euros por suministrarle centenares de ataúdes más caros y, en ocasiones, de mala calidad y difíciles de vender a los clientes. También se le atribuye el haber "colocado" a la EFM un coche fúnebre Ford Mercury "absolutamente inservible para usos funerarios" y por el que se pagaron 39.000 euros.
Cementerio de Sant Jordi
El magistrado sospecha que los proveedores encartados pagaron sobornos al principal encausado. A Esteban Serret, en concreto, se le acusa de conseguir el contrato para las obras de los cementerios de San Jordi y San Valentí entregando dádivas del 15 por ciento del presupuesto. El juez menciona en este apartado una carta que una persona dirigió a la entonces alcaldesa del PP Catalina Cirer alertándola de que Collado trataba, a toda costa, de que la empresa de Serret ganara ese concurso. Sobre Sans, el juez Penalva afirma que el hecho de haber devuelto los 6.800 euros pagados por la EFM por viajes privados de sus familiares, no hace desaparecer el delito de malversación, cometido también con las comidas innecesarias.
