JOSEP CAPÓ. PALMA.
El ayuntamiento de Palma ampliará el programa de atención psicológica a los maltratadores, iniciado en 2005, con la posibilidad de incluir a las personas condenadas a penas de cárcel, siempre que así lo determine un juez.
Esta ampliación será posible gracias al convenio de colaboración suscrito ayer entre Cort y la conselleria de Acción Social, Promoción e Inmigración. Se trata de una acción enmarcada en un proyecto piloto de ámbito estatal, tal como destacaron la alcaldesa, Aina Calvo, y la consellera, Josefina Santiago.
El convenio permitirá ampliar de dos a cuatro los psicólogos adscritos al programa, así como atender a un total de 120 personas maltratadoras al año, ya sea las que acuden al programa de forma voluntaria, como las que sean derivados por los juzgados. En este último caso, en principio, se atenderá a las derivadas judicialmente tanto si residen o no en la ciudad.
La coordinadora del área de Igualdad y Derechos Cívicos de Cort, Elena Quintana, explicó que el programa atendió el año pasado a 54 maltratadores (49 hombres y cinco mujeres) de forma voluntaria con unos resultados que calificó de "buenos". No se conocen reincidencias, o éstas, explicó, han sido mínimas.
En diez casos la atención individualizada se realizó telefónicamente, mientras que en los 44 restantes fue presencial. En un 33% de los casos fue el usuario quien se puso en contacto con el servicio, y el 66% restante fue derivado por otras administraciones y servicios municipales.
Según Quintana las personas atendidas son mayoritariamente hombres con edades comprendidas entre los 26 y 45 años, en un 75% de los casos. La mitad son de nacionalidad española y el cincuenta por ciento restante extranjeros. El 42% están casados, el 40% son solteros y el 18% están separados.
Más de un tercio de los usuarios (un 35%) convive con su pareja, el 24% lo hace con otros familiares, el 22% vive solo y el 19% restante tiene otras formas de convivencia como compartir piso o permanecer en un centro de acogida.
El 16% de los maltratadores atendidos el año pasado tienen estudios superiores, el 42% primarios y el restante 42% secundarios. La mitad conserva su empleo y la otra mitad está en situación de paro. El 47% ha ejercido violencia física y psicológica, el 34% sólo psicológica y el 17% física.
La inmensa mayoría (un 87%) no presenta antecedentes psiquiátricos y una tercera parte de ellos han consumido drogas.
Tras la intervención, en un 68% de los casos, se han observado mejoras en relación al problema generado por la violencia, asumen la responsabilidad y el reconocimiento de sus propias emociones. El 75% considera que ha mejorado su capacidad para responsabilizarse del uso que ha hecho de la violencia y un 25% de los usuarios valora que está igual que antes de la intervención en este aspecto.