El defensor del ciudadano recrimina a Cort la utilización del silencio administrativo

J. CAPÓ. PALMA. La oficina del defensor del ciudadano que dirige Miquel Lladó ha redactado una "recomendación" remitida genéricamente a todos los departamentos municipales, recriminándoles el uso del silencio administrativo negativo ante las quejas y reclamaciones de los ciudadanos.
En su "recomendación" Lladó insta a "responder a todas las peticiones y solicitudes de los ciudadanos y ciudadanas, de los administrados y administradas, de manera expresa y dentro del plazo legal para dictar la resolución".
También recomienda que se eviten "las respuestas mediante la utilización de plantillas de estilo o la falta de motivación en las respuestas a las solicitudes, haciendo llegar una respuesta congruente y motivada a la demanda de los ciudadanos". La recomendación del Defensor está motivada por el "descontento de los ciudadanos y administrados de este municipio ante la falta de respuestas expresas a las peticiones de información y las solicitudes que dirigen a la Administración local".
Lladó recuerda que "la respuesta expresa no es sólo una obligación legal, sino que también es un deber derivado del principio de seguridad jurídica del administrado garantizado por la Constitución y que contribuye a que los ciudadanos conozcan de forma explícita la posición de la administración y el motivo o causa de la denegación, para poder argumentar en contra en una posible impugnación del acto".
Por ello, considera que "el instrumento del silencio administrativo negativo debe ser utilizado como una excepción a la regla general de resolver de forma expresa", para lo cual "nunca debería utilizarse como forma habitual de actuación administrativa, un hecho que se aleja de lo que aconseja la buena praxi".