Un acuerdo de gobernabilidad en la UVI

J. CAPÓ. PALMA. Nadie se atreve a afirmarlo rotundamente, pero todos los representantes de los grupos que conforman el equipo de gobierno en Cort saben que el pacto está en la UVI. Lo mantienen con vida con el objetivo de "aprobar los presupuestos".
Con este horizonte, incluso el Bloc se posiciona apostando por que "el Ayuntamiento tenga un nuevo presupuesto", aunque "lamenta la nueva ruptura de las reglas del juego por parte de UM", en relación al nuevo desmarque, esta vez en comisión, de este partido que ha propiciado que dos de los altos cargos del Bloc el próximo año no puedan continuar en sus puestos. El concejal de Hacienda, Andreu Alcover, para quitar hierro a la nueva evidente "deslealtad" de sus socios, puso el énfasis en que, con los votos de UM, ayer se informaron favorablemente unos presupuestos consolidados de "586 millones, con prácticamente las mismas partidas, salvo una de 55.000 euros, que el aprobado en el pleno del pasado 25 de noviembre". En consecuencia, para el teniente de alcalde, si el próximo día 22 se aprueban tal como han salido de la comisión los considerará como "propios".
En relación a la polémica suscitada en torno a su primera propuesta de "inadmitir" todas las enmiendas presentadas en base a un informe del interventor, manifestó que se trata de una cuestión técnica, que pretende evitar que los presupuestos se puedan impugnar por haber aceptado alguna enmienda fuera de plazo.
Recordó que se trata de una interpretación que hace tanto el interventor como la Secretaría de un texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobada por el gobierno de José María Aznar, que está avalada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que data del pasado mes de octubre. Por este motivo, negó que se trate de "recortar" derechos de ningún colectivo ni de los ciudadanos, tal como acusó el portavoz del PP, Julio Martínez.
El hecho de que UM votara en contra de la "inadmisibilidad" de las enmiendas presentadas posibilitó que éstas se discutieran una por una. El PP presentó cinco reclamaciones, todas ellas rechazadas, incluida la que solicitaba la supresión de otros 21 altos cargos, siete de ellos de áreas regentadas por UM. En este caso, Cerdó votó en contra de la supresión, pese a que, con su aceptación, se podrían destinar más de 250.000 euros a Servicios Sociales. Por contra, la teniente de alcalde regionalista justificó su voto negativo a las dos enmiendas que hubieran supuesto la restitución de los dos cargos del Bloc, porque "en tiempos de crisis es importante poder incrementar la asistencia social con 80.000 euros", cifra que supone el mantenimiento de estos cargos, que exigieron la dimisión como concejal de Miquel Nadal.