Los derechos de los ex socios complican la salida de Barceló del palacio de congresos

JOSEP CAPÓ. PALMA. La preservación de los derechos de los socios iniciales del Grupo Barceló en la empresa que se hizo con la adjudicación de la construcción y gestión del palacio de congresos y su hotel anexo complica la salida del proyecto anunciada por este grupo empresarial .
Si bien han trascendido pocos detalles del contenido de las negociaciones desde que el pasado 6 de abril Barceló instara a la Administración la nulidad del contrato, se sabe que cualquier propuesta que se pone sobre la mesa debe ser minuciosamente analizada por los servicios jurídicos con el fin de evitar posteriores reclamaciones por parte de los ex socios del grupo hotelero en la aventura del palacio.
De hecho, cuando la Sociedad Anónima Palacio de Congresos –integrada por el Govern y el ayuntamiento de Palma– adjudicó en febrero de 2007 la construcción y gestión de la infraestructura de convenciones lo hizo a la sociedad Centre de Congresos Internacional de Palma, participada por Barceló en un 50%; Gobalia en un 20%; Sampol, con un 15%; Iberostar, con un 10% y Acciona, la empresa que construye el palacio, con un 5%.
El primer socio en abandonar el proyecto fue Iberostar, sin que prácticamente se hubieran iniciado las obras. Barceló adquirió su "paquete" de acciones en un momento en el que la Administración aún no había podido poner los terrenos a disposición de la concesionaria, puesto que la ampliación del hotel se había adjudicado sobre un solar que no era de titularidad pública.
Meses después, en julio de 2008, apenas iniciadas las obras –éstas comenzaron de hecho con la firma del acta de replanteo el 17 de abril de 2008– anunciaron su intención de abandonar la sociedad Globalia y Sampol. El anuncio se hizo efectivo y el grupo Barceló "adquirió" los paquetes empresariales de sus antiguos socios, obteniendo de esta forma el 95% de la sociedad adjudicataria. El cinco por ciento restante sigue en manos de la constructora Acciona, que es la empresa a la que la adjudicataria encargó las obras. Inicialmente esta empresa tenía la intención también de abandonar el proyecto una vez finalizadas las obras.
De esta forma, teniendo en cuenta que los anteriores socios de Barceló abandonaron el proyecto en unas determinadas condiciones, los negociadores temen que si ahora modifican algunas condiciones iniciales para evitar que Barceló abandone el proyecto o se cede a sus pretensiones, se entre en una espiral jurídica de reclamaciones.
De todas formas, la posición de los representantes municipales en la sociedad anónima Palacio de Congresos, presidida por la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, no ha variado desde que Barceló anunció su intención de abandonar el proyecto.

Sin sobrecostes

La Administración sostiene que no se ha producido ningún tipo de sobrecoste y, en todo caso, habría una disminución del mismo debido a la construcción del hotel en un único solar en lugar de en dos, como estaba previsto inicialmente. Además, se asegura que todas las modificaciones introducidas en el proyecto original han sido aceptadas por los adjudicatarios.
En este contexto, se rechazó la propuesta inicial de Barceló consistente en que las administraciones aportaran al proyecto "30 millones" más de los 30 comprometidos inicialmente y que son los únicos que en estos momentos se están consumiendo en la ejecución de las obras. Barceló niega la existencia de esta pretensión de incremento de la aportación pública pactada inicialmente.
Sea cual sea la solución que se alcance, se asegura desde Cort que ésta pasa por la continuidad de las obras y que tanto la construcción del complejo como su posterior gestión no supongan más gastos para las arcas públicas.