J. CAPÓ. PALMA.
José Ignacio Herrero, abogado del ex teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal en el pasado mandato en Cort, Javier Rodrigo de Santos, presentó ayer un recurso de apelación ante la sala del Tribunal del Jurado, solicitando una rebaja sustancial en la pena impuesta de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación absoluta por el delito continuado de malversación de caudales públicos.
El defensor del ex concejal considera que el presidente del tribunal no aplicó bien las atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración, además de dos artículos del Código Penal. También recurre que sólo rebajara un grado la pena, cuando el defensor considera que se deben aplicar dos.
De esta forma, si en el recurso se estima la aplicación cualificada de las dos atenuantes o la reducción de dos grados de la pena en lugar de uno, el defensor pide que la sanción aplicada a De Santos sea de 9 meses de prisión y un año y seis meses de inhabilitación absoluta.
En el caso de que se estime el denominado tercer motivo del recurso, que hace referencia a la aplicación de forma inapropiada de dos artículos del Código Penal, se solicita la imposición de dos meses de multa a razón de 3 euros diarios, prisión de nueve meses y suspensión de empleo o cargo público por el tiempo de un año y seis meses. En este supuesto, el tribunal tendría en cuenta que ninguno de los importes que De Santos cargó a la tarjeta bancaria de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMPRO) superó individualmente la cuantía de 4.000 euros, por lo que el delito de apropiación indebida de caudales públicos no sería continuado.
En la sentencia dictada el pasado 24 de septiembre por el presidente del Tribunal del Jurado, Carlos Izquierdo, se aceptaban las atenuantes de drogadicción, reparación del daño y el arrepentimiento o la confesión. Inicialmente el fiscal Juan carruna pedía una pena de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación que, en el transcurso del juicio rebajó a tres de cárcel y seis de inhabilitación absoluta.
De Santos ha sido juzgado a principios del presente mes por presunta corrupción de menores, delitos por los que se enfrenta a petición de 24 años y tres meses de prisión.