La fiscalía anticorrupción presume que Oscar Collado, el factótum durante años en la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM) pudo subir unilateralmente, y sin el conconocimiento del consejo de administración, las tarifas de enterramientos y otros servicios. Una testigo, la número dos de la funeraria municipal y jefa de administración, ha declarado que se enteraron con posterioridad de esta presunta alteración de las tasas y la ha atribuido a un intento de Collado de tapar otras partidas de contabilidad desajustadas por las presuntas corruptelas que se están investigando.
Collado, que fue detenido por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía el pasado junio y permaneció algunos días en prisión preventiva, está siendo investigado por el juzgado de instrucción 11 de Palma por supuestas malversaciones de fondos públicos y otros delitos. La causa ha permanecido bajo secreto sumarial unos meses, medida que ya ha sido alzada.
Precios informáticos
De acuerdo con la versión dada por la jefa de administración, los precios de los distintos servicios se establecen mediante un programa informático. Este sistema informático permite obtener las facturas que se entregan a los clientes, quienes puden pagar en efectivo en caja o mediante transferencia bancaria.
Collado está siendo investigado, entre otros asuntos, por unos supuestos cobros que él habría hecho personalmente a algunas personas y que no habrían sido entregados a la empresa propiedad del Ayuntamiento de Palma.
La número dos de la funeraria municipal ha explicado también que su jefe durante muchos años no buscaba precisamente el orden en la gestión. La testigo ha definido plásticamente esta actitud como un deseo del principal imputado de propiciar "un caos" en el día a día de la empresa para poder gestionar directamente las obras, la titularidad de las tumbas y otros aspectos.
Anticorrupción presume que el encausado pudo apropiarse de dinero con esa política de encargarse directamente de determinados temas.
Relevancia social
Otro trabajador de la sociedad pública ha explicado a los investigadores que Collado proporcionaba un trato de favor a personas de relevancia social o política de la ciudad. A estas familias se les daba el servicio de "enterramientos vip", que solía consistir en borrar de las facturas los costes de velatorios o ceremonias (por el uso de las salas). Este empleado ha relatado que se produjo algún caso de facturas impagadas de "enterramientos vips", pero que el propio Collado se dedicaba a gestionar el cobro de esas deudas.
El testigo ha manifestado que el principal imputado llevaba un tren de vida muy elevado para sus ingresos, máxime cuando perdió parte de su patrimonio al divorciarse de su primer matrimonio.
Collado, defendido por José Ignacio Herrero, ha reconocido que pidió algunos anticipos de dinero de la caja de la EFM, pero que siempre dejó los oportunos vales para justificar las salidas de fondos y que fue devolviendo dichas sumas.
El acusado ha negado haber pedido o cobrado comisiones de los proveedores de la funeraria y también rechaza haber recibido sumas en metálico de algunos propietarios de tumbas. Collado también ha desmentido que hubiera subido las tarifas de enterramiento sin consultar al consejo de la empresa.
