JOSEP CAPÓ. PALMA.
Desde hace más de un año el ayuntamiento de Palma ha dejado de inspecionar comercios en materia de consumo debido a las dudas jurídicas surgidas sobre si la administración municipal es competente o no en este cometido.
La teniente de alcalde de Relaciones Institucionales, Turismo y Comercio, Joana María Borrás, confirmó ayer este hecho afirmando que, tras la campaña realizada a principios del año pasado en la barriada de Pere Garau, se paralizaron las inspeciones debido a las dudas jurídicas surgidas sobre la competencia municipal en esta materia.
No obstante, la teniente de alcalde está convencida de que tanto la normativa europea en materia de protección al consumidor, como su transposición a la española, así como la Ley de Capitalidad, dan competencias plenas al Ayuntamiento no sólo por lo que hace referencia a las instaciones de comercios, sino también en el aspecto sancionador.
La ausencia de inspecciones, en opinión de la teniente de alcalde, propicia la existencia de comercios ilegales en Palma, cuya proliferación se ha disparado en los últimos años, y no sólo en determinadas barriadas. La lucha contra el comercio ilegal es una herramienta imprescindible para ayudar al mediano y pequeño comercio, cuestión a la que el Ayuntamiento no quiere reunciar.
Por ello, su departamento está redactando una ordenanza de Consumo, cuyo proyecto ya ha sido aprobado por la junta de gobierno local que, entre otras cuestiones, asume como municipal las competencias de inspección y la facultad sancionadora. De esta forma, si bien ya adelantó que por el momento no se va a ejercer la facultad sancionadora y que ésta va a seguir estando en manos del Govern, no se descarta que en el futuro lo pueda hacer.
En estos momentos el departamento de Consumo de Cort cuenta con nueve inspectores, mientras que la dirección general de Consumo del Govern dispone de 8 para toda Balears por lo que "pretendemos sumar, no restar", afirmó Borrás.