´Es el único político que ha devuelto el dinero´

EUROPA PRESS. PALMA. José Ignacio Herrero, letrado del ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, acusado por presunta malversación de fondos públicos, defendió hoy que su patrocinado es el único político "de toda España" que ha devuelto el dinero desviado antes de tener conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial, "con absoluta inmediatez y sin que el Consistorio se lo haya pedido con anterioridad", al tiempo que tildó de "irrelevante" que el debate se centre en si la cantidad malversada -más de 50.000 euros- "se la gastó en sexo, algo que sólo se dice para hacer daño" y para que parezca que el perjuicio causado "fue mayor".

"Pero el derecho no es moral", espetó el abogado durante su turno de intervención en el juicio que desde esta mañana se está celebrando en la Audiencia Provincial de Palma, ante un jurado popular, y donde aseveró que la postura de su patrocinado ha sido la de "arrepentimiento en todo momento". Asimismo, consideró que en este proceso debería aplicarse la atenuante de adicción a la cocaína, que, tal y como, dijo, expondrán los médicos forenses en el juicio, provocaba que su voluntad y su facultad para decidir "resultasen gravemente afectadas".

"Quizá no su conocimiento, pero no es una excusa para que el pobrecito pueda irse", sino que pidió que se tenga en cuenta a la hora de ser juzgado "lo que no significará que salga absuelto, ni mucho menos". En esta misma línea, Herrero recordó que en otro procedimiento donde el ex edil también está encausado -por presuntos abusos sexuales a menores- sí concurre la atenuante analógica de drogadicción "por tener disminuidas sus capacidad volitiva, aunque no anulada".

El asistente legal de De Santos se pronunció de este modo ante el jurado popular después de que el fiscal anticorrupción Juan Carrau manifestase que la atenuante de adicción a la cocaína no debe concurrir en este caso, al alegar que este problema "por sí solo no es suficiente" para que se le rebaje la pena del delito -la Fiscalía pide cinco años de prisión para el encausado-. A su juicio, agregó que esta adicción "no es suficiente para que afectara a su conciencia y su voluntad", y apuntó que para el tipo de delito que debe juzgarse -el de malversación de caudales públicos- no debe ser aplicada.

El fiscal basó su tesis en que "no tiene sentido que De Santos coja dinero público y no se lo gaste en droga, sino en comidas o sexo", manifestando asimismo que "si fuese una persona sin medios económicos y que la necesidad de cocaína le obligase a coger el dinero, sí que sería aplicable la atenuante".

Asimismo, manifestó que la intención del Ministerio Público es demostrar que se ha producido un delito de malversación continuado de más de 4.000 euros -pese a que la defensa alega que ninguna de las cantidades defraudadas fue superior, en ningún momento, a los 4.000 euros- y que cuando tuvo conocimiento de que se le estaba investigando devolvió el dinero desviado, por lo que se considera como atenuante de reparación del daño. No obstante, en cuanto a otra de las atenuantes que defiende Herrero y "motivo de discrepancia", según Carrau, junto a la de la adicción, consideró que "debería haber confesado antes de saber que estaba pillado". "Y nunca ha confesado qué fue lo que hizo", zanjó.

Previamente, durante el turno de las partes para exponer al jurado sus alegaciones y proponer pruebas, el abogado aportó dos nuevos informes médicos, uno de la clínica donde sigue tratamiento De Santos y que explica las últimas vicisitudes de su tratamiento, y otro de un psiquiatra que le trata y que explica la medicación que está tomando.

DECLARACIÓN DE RODRIGO DE SANTOS

Esta tarde proseguirá el juicio con la declaración de De Santos, a la que seguirá la comparecencia de los testigos propuestos por la Fiscalía -la contable de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP), Leonor Alomar, el propietario del local Casa Alfredo, Alfredo Gómez, y seis funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía-. En concreto, el Ministerio Fiscal solicita para el ex regidor del PP cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como su inhabilitación absoluta por un periodo de nueve años, tal y como indica en su escrito de acusación.

Frente a ello, la defensa alega como atenuantes la reparación del daño producido, además de haber actuado así debido a su "grave" adicción a la cocaína y haber procedido, antes de conocer que el proceso judicial se dirigía contra él, a confesar la infracción ante las autoridades.