Treinta millones de euros es una cifra clave en el conflicto que mantienen Cort y Govern con el Grupo Barceló, accionista mayoritario de la sociedad concesionaria de la construcción, explotación y posterior gestión por un período de 40 años del Palacio de Congresos y el hotel anexo.
Esta es la cifra de sobrecoste del proyecto aducida por la concesionaria para instar la nulidad del contrato. También es la cantidad que el Ayuntamiento y el Govern deben aportar a la financiación del proyecto, tal como se estipula en el acuerdo de concesión. La diferencia entre la ejecución material de las obras (95,6 millones) y la suma total contando el IVA (120 millones) también suman casi los 30 millones.
Ahora, una vez iniciadas las negociaciones para resolver, a petición el Grupo Barceló, el contrato de la concesión, los referidos 30 millones vuelven a estar sobre la mesa de la negociación, aunque por distintos conceptos.
Resolución amistosa
Según ha podido saber DIARIO de MALLORCA el adjudicatario exige 30 millones para resolver el contrato de concesión de forma amistosa y dejar las manos libres a las administraciones para que decidan o bien la convocatoria de un nuevo concurso, o la continuidad de las obras a cuenta del Ayuntamiento y el Govern con una posible adjudicación posterior de la gestión de las instalaciones ya sea globalmente o por separado.
Los 30 millones anteriores resultarían de los gastos ocasionados a la concesionaria por su participación en el proyecto desde que resultó adjudicataria del concurso público el 19 de febrero de 2007.
Tal como indicó el Grupo Barceló después de que este periódico publicara el pasado día 5 de mayo que había instado a principios de abril del presente año la nulidad del contrato, la concesionaria habría cumplido "escrupulosamente" todas las exigencias establecidas en el concurso.
De esta forma, se había procedido a la constitución de la sociedad anónima; suscrito su capital social de 34 millones de euros, ocho de los cuáles ya desembolsados; constituido el aval por 5,254 millones, además de haber contratado seguros. Asimismo, se procedió por parte de la adjudicataria a montar una estructura operativa, el pago de impuestos, la negociación de financiación bancaria –finalmente no se suscribieron los créditos por casi 60 millones previstos– y la redacción y formalización de contratos con proveedores y contratistas.
