Todos reconocen que la Llar de Pere Garau es una residencia ilegal, pero no entienden "por qué la cierran, si es necesaria, en lugar de cerrar hoteles y discotecas ilegales", tal como afirma Dolores Fernández. Hay 36 familiares que están "angustiados" porque el 23 de abril "no sabrán dónde llevar a sus mayores, la mayoría con demencia senil o alzheimer, y muchos en fase avanzada", en palabras de la directora del centro privado, María José Jaén. Como centro de día tiene todos los papeles en regla, aunque sabe que las condiciones para atender a los ancianos por la noche no son las reglamentarias, ya que no hay habitaciones separadas para los residentes, entre otras cosas.

"Los inspectores han visitado el lugar y los requisitos mínimos de bienestar no se cumplen en absoluto", afirman desde el IMAS (Institut Mallorquí d´Afers Socials). El director técnico de Servicios Sociales, Jesús Mullor, asegura que la orden de cierre "se mantiene" para el día 23, porque "han tenido un margen de tolerancia suficiente desde que se dictó a principios de 2007". Sin embargo, la institución insular se está reuniendo "con cada una de las familias afectadas, de forma particular, para estudiar su situación concreta", según indica Mullor. Aunque resalta que no van a tener "ni más ni menos derechos que otros mayores que también están en lista de espera para poder ir a una residencia pública".

"Hogareño"

La responsable del centro ha organizado una manifestación de protesta el próximo martes frente al Consell "para que el cierre sea paulatino y con una solución para todos". Antonia Sancho, Lourdes González, Francisco Gallego y Antonia Morey son familiares de personas residentes en la Llar de Pere Garau, un centro que califican de "hogareño", donde todos "están como si fuese una familia", "con libertad absoluta para venir a la hora que quieras a visitarlos" y con "un precio por los servicios que se puede pagar, ya que las demás residencias privadas son inasumibles", según dicen.

Lo único que solicitan es que sus seres queridos, que "no tienen culpa alguna", no paguen las consecuencias de la ilegalidad.