El ex empleado de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) militante de Nuevas Generaciones del PP al que aludió el presidente nacional Mariano Rajoy como ejemplo del presunto trato discriminatorio por parte de la Fiscalía de Balears aún tiene en su poder archivos con documentación de su ex empresa. Alejandro Jurado aseguró ayer no haber informado a su líder nacional y se mostró sorprendido por haber sido citado.
Según fuentes de la funeraria, el 30 de mayo de 2008, un día antes de la finalización del contrato que le unía laboralmente a la empresa pública, Alejandro Jurado descargó del ordenador personal que utilizó en sus dos años y medio de trabajo en la EFM un total de 643 archivos. Entre ellos hay información relativa al personal de la empresa pública con datos referentes a su categoría y antigüedad. También se llevó todo el programa de gestión de las tarifas de mantenimiento del cementerio de La Vileta, con listados de propietarios de unidades de enterramiento y sus datos personales. Asimismo, el "vaciado" del disco duro, que según el informe realizado por la Policía Nacional tras la denuncia efectuada por la empresa estaba en poder de Jurado, incluía cartas y documentación del ex gerente Oscar Collado y del asesor jurídico de la empresa, entre otras personas.
Como consecuencia de la denuncia realizada ante la Policía Nacional, que él ahora ha llevado a los juzgados como falsa, fue detenido e interrogado durante cinco horas, aunque, como ha reiterado en varias ocasiones, en ningún momento fue esposado. El fiscal no consideró que los hechos constituyeran delito porque, tal como se comprobó con posterioridad, no hubo "daño informático" puesto que la empesa pudo recuperar los ficheros de la copia de seguridad. El juez tampoco apreció delito y archivó la denuncia de la Funeraria, empresa desde la que insisten que esta persona sigue teniendo en su poder estos documentos o, en todo caso, "no tenemos constancia de que los haya destruido". Por su parte, Jurado no confirma ni desmiente este extremo alegando que esta cuestión se encuentra de nuevo en sede judicial. En efecto, el pasado 30 de diciembre presentó en el juzgado de guardia una querella criminal contra la actual presidenta de la Funeraria, Begoña Sánchez, y el ex gerente Joaquín Vaquero por detención ilegal, que, por reparto, verá el juzgado de instrucción número 8. Jurado ya se ha ratificado en esta denuncia. También interpuso otra querella contra la Policía Nacional por presunta detención ilegal. Ésta se verá en el juzgado de instrucción número dos y la semana que viene Jurado tiene previsto ratificarse en la misma.
La relación de Jurado con la Funeraria se inició el 26 de mayo de 2006 y finalizó el 31 de mayo de 2008, con una renovación, a cargo de los nuevos gestores, en diciembre de 2007. Se le contrató como auxiliar administrativo de soporte a la anterior presidenta, Marina Sans, como responsable de la Asociación de Funerarias de España. Cuando la empresa no le renovó el contrato, ganó en Magistratura al considerar que se le debía considerar como un trabajador fijo.
