Por primera vez desde que se ha iniciado la tramitación de la modificación puntual del Plan General que afecta a la fachada marítima del litoral de Llevant, un escrito oficial del Ayuntamiento pone en duda que Cort deba indemnizar a los propietarios afectados por el cambio de calificación urbanística de sus terrenos más allá de garantizarles el mantenimiento del aprovechamiento urbanístico que tenían asignado.

Un infome jurídico solicitado por el grupo municipal del PP y que fue dado a conocer ayer poco antes del pleno extraordinario en el que se aprobó inicialmente el cambio urbanístico, considera que la pregunta sobre la posibilidad de futuras indemnizaciones a los propietarios afectados (Núñez y Navarro y Mapfre) tiene una "imposible respuesta jurídica", ya que se fundamenta en hipótesis de futuro de las que "desconocemos aún las circunstancias". A día de hoy, el informe concluye que las "previsiones y afirmaciones de redistribución con criterios de edificabilidad ponderada son correctas, lo que nos lleva al criterio de la inexistencia de otros perjuicios económicos con motivo de la modificación puntual del plan".

Dicho de otro modo, que la permuta en edificabilidad que se da a los propietarios afectados de primera línea, en principio es correcta y, con ella, sus legítimos derechos se ven satisfechos.

Es la tesis que ha mantenido y que sostuvo ayer la concejala de Urbanismo, Yolanda Garví, quién insistió en que la propuesta no genera ningún derecho indemnizatorio a los propietarios por cuanto, en aplición del proyecto de reparcelación aprobado por todos ellos en febrero del año pasado, la edificabilidad que pierden en primera línea se "compensa" con el doble en segunda línea.

No es de la misma opinión la portavoz del PP y ex alcaldesa, Catalina Cirer, quien ayer insistió en las "dudas sin despejar" que a su juicio plantea la modificación propuesta y, de ahí, la abstención de su grupo, tal como anunció.

Cirer insistió en un supuesto derecho de indemnización valorado en 260 millones por el anterior equipo de Urbanismo, al frente del cual estaba el ex teniente de alcalde Javier Rodrigo de Santos, ahora en prisión por un presunto delito de corrupción de menores. A esta cantidad, habría que sumar otros 60 por el coste del edificio de Gesa, además de la "pérdida" de 19.000 metros cuadrados en equipamientos y lo que supondrá en cuanto a densidad de población en el polígono construir cerca de 800 viviendas más para casi 3.000 personas.

Tal como había anunciado, Miquel Nadal de UM, votó favorablemente la propuesta, aunque advirtió que su grupo presentará alegaciones para suprimir los tres edificios de equipamientos, además del previsto en Gesa. Por su parte, Eberhard Grosske, del Bloc, abogó por un análisis "fino" de la propuesta con el fin de garantizar que que el futuro espacio libre sea "una zona verde de verdad".